La delincuencia avanza a pasos agigantados en el país arrasando diariamente con la vida de peruanos y atemorizando a millones de personas de bien. Sin embargo, la institución encargada de protegernos se encuentra en una situación precaria y desprovista de instrumentos para cumplir con su función.
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La Contraloría General de la República (CGR) divulgó un informe sobre las deficiencias que presentan las comisarías del país. El resultado debe llamarnos a reflexión a los ciudadanos, y a acción inmediata a las autoridades del Gobierno: De 695 delegaciones policiales analizadas en 25 regiones, 536 no tienen radios móviles TRETA, aparatos vitales para la intercomunicación de quienes luchan contra el crimen; además, el 82% de las comisarías revisadas no cuenta con certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones, entre otras falencias. Con estas deficiencias, ¿cómo pretende el Ejecutivo enfrentar la ola de violencia criminal que vive el país?
Desde 2021 el Ministerio del Interior viene siendo manoseado por políticos inescrupulosos y ha sufrido una escandalosa rotación de ministros. Desde que asumió Dina Boluarte, hace menos de dos años, seis personas han ocupado la titularidad de esta cartera; este ritmo vuelve prácticamente imposible mantener un programa de seguridad ciudadana a mediano y largo plazo.
El nuevo ministro Juan José Santiváñez tiene que resolver las deficiencias de las comisarías a nivel nacional. Para ello debe fomentar una coordinación seria y real con el titular de Economía; del MEF depende que se destine el presupuesto adecuado.
El ministro Arista no puede utilizar la excusa de que no hay presupuesto suficiente, los peruanos somos testigos de cómo el gobierno abre su billetera de forma incondicional y vergonzosa a Petroperú, una empresa pública en bancarrota que se encuentra en crisis permanente.
Pero el problema no pasa solo por el presupuesto. La gestión que involucra directamente al ministro del Interior está seriamente cuestionada. Según investigaciones de la Fiscalía, Interior es usado por los Boluarte para sus intereses políticos. ¿Tendrá Santiváñez la capacidad de absolver las observaciones detalladas por la Contraloría? Estas deben ser subsanadas a la brevedad posible, la crisis de seguridad ciudadana que atraviesa el país así lo exige.