El afanoso ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no solo cumple al pie de la letra la tarea de intentar lavarle la cara al Gobierno por el mal manejo de la seguridad ciudadana con operativos pomposos –en busca de un impacto mediático, más que de resultados concretos– al peor estilo de Daniel Urresti.
Ahora se le ve empeñado además en desarmar a la Diviac para que así la presidenta Dina Boluarte termine de cobrar venganza por el allanamiento a su casa y a la residencia en Palacio de Gobierno. Al día de hoy, las cabezas que han rodado por ese operativo no son pocas, pero la mandataria parece decidida a llegar hasta el final.
Como señala Rubén Vargas, exministro del sector, “Santiváñez está operativizando el encargo de Boluarte de liquidar de a pocos a la Diviac”. Y ello con un objetivo claro: “tumbarse todos los casos de corrupción que se están trabajando actualmente, como el caso Rolex, en el que (ella misma) está procesada”.
El propio Santiváñez publicó hace unos días un video institucional en el que cuestiona el presupuesto asignado a esta unidad de la PNP para su lucha contra los delitos de alta complejidad, como son aquellos relacionados con la corrupción en el poder y el crimen organizado.
Puso como ejemplo la investigación sobre Los Babys de Oquendo. “La Diviac gastó millones de soles de todos los peruanos en esta investigación, y no ha dado mayores detalles de ese tema”, dijo con sorna el ministro, añadiendo otras insinuaciones sobre supuestas irregularidades cometidas por sus integrantes, sin presentar pruebas claras. Santiváñez habló de entregas sospechosas de dinero y hasta de que estos oficiales se habrían negado a desarrollar determinadas investigaciones alegando falta de presupuesto.
La maquinaria para aniquilar una división policial evidentemente incómoda para Palacio ha sido, entonces, puesta en marcha.
No está de más recordar que la Diviac fue un apoyo fundamental para concretar la captura de personajes y funcionarios involucrados, por ejemplo, en los negocios turbios del golpista Pedro Castillo y su entorno.
Pero de pronto lo que estuvo bueno para fiscalizar a un presidente que violó la ley y atentó contra la Constitución, ya no lo es cuando se trata de fiscalizar a quien lo sucedió. ¿En qué quedamos?
La desactivación de la Diviac solo debilitará la imagen de nuestra democracia y sembrará mayores dudas sobre la probidad de la Presidencia de la República.