(GEC)
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La paz social a la que todos los peruanos tenemos derecho ha sufrido un deterioro muy peligroso en los últimos días debido a las acciones criminales de grupos violentos, que, so pretexto de defender los legítimos reclamos de los agricultores del norte y sur del país (Ica y Trujillo), han montado muy organizadamente una escalada de violencia que rebasa el simple bloqueo de carreteras por el ataque a civiles inocentes (pasajeros de bus) y las FF.OO., tratando de imponer su espíritu extorsivo que todos rechazamos.

La explosión de la violencia tiene detonantes claros como lo han sido la postergación del tema agrario en el Ejecutivo y el Legislativo, el debilitamiento de la Policía con las decisiones ilegales del presidente Sagasti y su exministro Rubén Vargas, y el aprovechamiento de operadores perniciosos que activan los conflictos sociales, con la sola percepción de la fragilidad de la fuerza policial, para el logro de sus objetivos.

Es por eso que lamentamos las declaraciones del ministro del Interior, José Elice, quien refirió que “se ha diseñado y ejecutado una operación policial pacífica. Lamentablemente, la Policía fue atacada, pero se defendió con prudencia, utilizando los grados de intervención que el reglamento y sus manuales les permiten” (El Comercio, 22 dic. de 2020), para estupor de los expertos en seguridad interna del país.

El desatino del ministro Elice, al tratar de relativizar el linchamiento público y la humillación a la que fue sometida la Policía, se explica por la pobre comprensión que tiene de la cultura organizacional de la PNP, y que para salir a operar contra las turbas criminales, se requiere un fuerte liderazgo que hoy no posee el comandante general PNP César Cervantes, una institución fortalecida y respaldada por el gobierno, que tampoco tiene pertrechos suficientes para dispersar las turbas y liberar las carreteras, y una estrategia operacional, que, a todas luces, estuvieron ausentes.

No dudamos y no hemos dejado de mencionar nunca que pueden existir actos de la Policía con un mayor grado de violencia para restablecer el orden, y que si estos son considerados delitos por la autoridad jurisdiccional, deben investigarse y sancionarse de acuerdo a la ley, respetando el debido proceso.

El país no merece que la violencia se desborde ni se permita que eso suceda. Hay responsables de todo nivel, y estamos seguros de que tarde o temprano la justicia impondrá el castigo que corresponda. De lo que estamos totalmente seguros es que, a pesar de todo, la Policía jamás abandonará al pueblo, a quien se debe de todo corazón.

Disclaimer: Quien escribe esta columna es candidato al Congreso de la República por Victoria Nacional.