El último martes, hemos visto que una veintena de candidatos a la Alcaldía de Lima se inscribió para participar en los comicios electorales que tendrán lugar en octubre. Como lo hemos advertido en la nota de ayer, esperemos que esta campaña no sea un circo y que los políticos se centren en atraer la atención de los ciudadanos con propuestas y no con dádivas o manifestaciones carentes de compromiso por la ciudad.
Es la primera vez que 21 personas tentarán el sillón municipal. Según el abogado Julio César Castiglioni, ese número es excesivo y el resultado de una política “precaria” en cuestión electoral. Pese a que las normas se han ido modificando en el tiempo, han permitido que mecenas y empresarios puedan tener su propio partido, no necesariamente guiados por una ideología reformista o de gobierno, sino bajo la idea de que la política puede convertirse en una fuente de ingresos sin proporciones. La actual ley, además, no es suficiente para evitar que personas con investigaciones, denuncias e incluso condenas se conviertan en funcionarios ediles, como lo evidencia el informe que presentamos en la edición de hoy. Si bien están impedidos de postular ciudadanos con sentencias firmes, sí lo pueden hacer aquellos que tienen procesos abiertos, así se encuentren enfrentando la última etapa de un juicio. Un puesto público, en ese contexto, se convierte en la armadura para blindar a esos malos servidores si es que son favorecidos con el voto de los peruanos.
El congresista Víctor A. García Belaunde (AP) presentó un proyecto de ley –que sigue durmiendo el sueño de los justos en el Parlamento– para que las personas con denuncias fiscales no postulen a cargos de elección popular. Como bien dice el legislador, el argumento que presentan contra su propuesta es que atenta contra el principio de inocencia, pero él alega que esa cuestión, más bien, es por un principio de admisión electoral. ¿Acaso no nos merecemos autoridades libres y limpias? Pues sí.
Depurada la lista, los candidatos que queden deben abocarse a discutir propuestas para dar solución a los principales problemas de la ciudad. A inicios de año, una encuesta de Ipsos mostró que los limeños encuentran en la delincuencia, la contaminación ambiental y el pésimo sistema de transporte público los principales retos a enfrentar.