Increíble pero cierto. El último reporte de la Asociación de las AFP (AAFP) da cuenta que hay 2,808 entidades estatales, mayoritariamente municipios y regiones, que literalmente les han hecho perro muerto a sus trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones, pues les retuvieron aportes y jamás los depositaron.
La deuda total asciende a la friolera de 14,657 millones de soles, si se incluyesen los factores de actualización establecidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Un episodio más que se suma a otros tantos que ya han demostrado fehacientemente la nula capacidad que tiene el Estado para administrar fondos de pensiones. En este caso específico, ni siquiera han logrado abonar lo que corresponde al patrimonio de quienes trabajan en instituciones públicas, sea en Lima o en las distintas regiones del país.
Es ante situaciones como esta que la Contraloría General de la República y la AAFP suscribieron un convenio de colaboración interinstitucional. Así, el organismo de control podrá fiscalizar a las entidades del Estado que retienen el aporte de sus trabajadores y no lo depositan en sus Cuentas Individuales de Capitalización del Sistema Privado de Pensiones.
Se supone que con este acuerdo se protegerá al trabajador, pues las entidades que se acogerán a él dispondrán de hasta tres regímenes de reprogramación de sus deudas con los afiliados, que la propia Contraloría monitoreará para que se cumplan.
Aunque es una solución basada en el esquema del Estado monitoreando al propio Estado, el órgano fiscalizador tiene atribuciones que le permiten moverse con cierta independencia ante eventuales presiones de los poderes de turno. Y así, por lo menos, se contará con información en tiempo real sobre pagos e impagos en las instituciones públicas, para evitar que las deudas comiencen a acumularse indefinidamente.
Lo cierto, sin embargo, es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo –más allá de sucesivas autorizaciones para retirar fondos de las AFP, movidas únicamente por un cálculo político inmediatista– siguen pateando para adelante la reestructuración del sistema previsional en el Perú. Tarea pendiente que no por espinosa es menos crítica para el país.
Manteniendo el tema de las jubilaciones en una suerte de interminable limbo político, están incubando un problema social que no tardará mucho en adquirir proporciones explosivas.