La popularidad del mandatario cayó tres puntos porcentuales a comparación con el sondeo de principios de mes. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC)
La popularidad del mandatario cayó tres puntos porcentuales a comparación con el sondeo de principios de mes. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC)

El adelanto de elecciones generales –presidenciales y congresales– parece cada día más improbable, al menos en los términos planteados por el presidente Martín Vizcarra en Fiestas Patrias (con referéndum). El Congreso no parece estar dispuesto a concederlo, como especulé aquí la semana pasada. Analizaba entonces que las posibilidades sobre la mesa –vacancia presidencial, disolución constitucional o cierre inconstitucional del Congreso, continuidad del entrampamiento hasta 2021– se ven mal de cara al avance institucional y económico del país.

Me arriesgo ahora a afirmar, con temor a equivocarme, que algunas opciones barajadas empiezan a salir de la ecuación. El presidente no parece querer disolver el Congreso bajo ninguna fórmula. Elude incluso usarlo como amenaza. Especulo que no tiene capacidad para convocar a una lista congresal (130 personas) que le permita, incluso con mayoría, gobernar razonablemente. También creo que está demasiado desgastado. El Legislativo (y más allá de los protagonismos maximalistas) no parece querer vacar al presidente porque sabe que la opinión pública lo repudiaría (más de lo que ya). Incluso cuando tiene poco que perder.

Quedan, entonces, dos opciones: o se ponen de acuerdo para el adelanto electoral, en términos negociados (concesiones recíprocas), o seguimos con esta insufrible calma chicha –confrontación retórica exaltada con pocas consecuencias– hasta 2021. Ambas son compatibles con el anunciado diálogo entre el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, y Vizcarra. Mejor salida concertada que continuidad a regañadientes. Pero para eso –elemental teoría de los juegos– hay que ofrecerle al Legislativo algo que ganar. La pregunta es qué.

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