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Reforma para el desarrollo
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El Estado se ha encargado de promover la formalidad laboral como un objetivo deseable que todo ciudadano debe tratar de alcanzar; y de condenar la informalidad como si esta fuera un espacio ocupado por delincuentes en potencia. Sin embargo, ambas situaciones no dependen de la voluntad del trabajador o empleador, sino estrictamente de las reglas de juego que fomenta el Gobierno.
La informalidad laboral en el Perú se ubica actualmente en 78% (MTPE) debido a dos razones de fondo.
Por un lado, en Perú es muy caro contratar. Si bien el costo de mantener a un trabajador formal varía según el tamaño de la empresa, sigue estando entre los más altos de la región. Así, las empresas grandes deben afrontar sobrecostos equivalentes al 55% del salario, las medianas unos equivalentes al 27% y las pequeñas al 7%.
Por otro lado, las prácticas para contratar y despedir trabajadores son muy precarias, comparables con las de países subsaharianos. Nuestra indiscutible rigidez laboral –consolidada por la sentencia STC-1124-2001-AA– explica por qué en el pilar que mide la flexibilidad de las contrataciones del Reporte de Competitividad 2017-18 (WEF) nos ubicamos en el puesto 129, detrás de Zimbabue.
Es fácil evidenciar qué tan precario es nuestro mercado laboral en comparación con los países desarrollados. Si vemos la lista de países que pertenecen a la OCDE, podemos notar que casi todos lideran (i) el índice de Libertad Económica de Heritage y (ii) el pilar que mide la flexibilidad laboral del Reporte de Competitividad.
Por ello, si realmente pretendemos ingresar a la OCDE, es hora de que el Ministerio de Trabajo bajo la gestión de Christian Sánchez, de la mano con el Congreso, implemente la reforma laboral que tanta falta hace.
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