Es deplorable la decisión del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, de archivar la denuncia presentada por la abogada Katherine Ampuero contra el expresidente Vizcarra y sus ministros, por la compra de pruebas rápidas serológicas durante la pandemia del COVID-19. La incorrecta utilización de dichas pruebas —y no las moleculares— para detectar el virus fue, si no un crimen, un error letal, un verdadero atentado contra la vida y la salud de millones de peruanos.
El fiscal Villena adujo falta de indicios, algo que la exprocuradora Ampuero ha refutado con el argumento de que la Fiscalía no examinó evidencia fundamental, como el informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso y el testimonio de la exministra Elizabeth Hinostroza. Pero aún más preocupante es que el fiscal declarase que el Instituto Nacional de Salud (INS) recomendó la compra de dichos productos. No sabemos si esta afirmación se desprende de algún documento oficial o declaración del entonces Jefe del INS, pero es gravísimo, pues si alguna entidad del Estado debía saber cómo detectar el virus, esa era el INS. La comunidad científica mundial siempre tuvo muy claro que solo las pruebas moleculares son capaces de detectar y contener los contagios. Muchos científicos peruanos, incluyendo miembros de comités de asesoría ad honorem, también se lo hicimos saber al exministro Zamora y lo repetimos en diversos medios. Y, sin embargo, el exministro justificó la cuestionada compra citando un reporte técnico convenientemente producido a tiempo por miembros del INS y publicado en la revista del INS, que sostenía la inverosímil equivalencia —bajo “condiciones de campo”— entre las pruebas correctas y las incorrectas. Siendo el INS un ente adscrito al Minsa, resulta imposible no pensar en conflictos de interés y faltas a la integridad científica.
La compra de esas malditas pruebas por el Minsa no solo generó miles de falsos resultados que contribuyeron a propagar el virus y la muerte, sino que indujo a otras entidades a hacer lo mismo. Pagaron con su vida valientes luchadores de primera línea a quienes aplaudíamos cada noche a las 8 p.m.: personal de salud, miembros de las FF.AA. y la PNP, bomberos y trabajadores de limpieza pública, entre otros. Por eso, la cuestión de fondo no es si esa compra fue irregular, si no que fue hecha ignorando la evidencia científica y el peligro mortal que ello implicaba. El Minsa y el gobierno de Vizcarra no debieron optar por esas pruebas. Ni regaladas. Muy mal, fiscal.
