Presidente informal

El discurso presidencial de Martín Vizcarra incluyó un peligroso anuncio de formalización de la propiedad urbana que, complaciente y fácil, es una medida que solo perpetúa la informalidad del crecimiento de nuestras ciudades. Un reciente estudio de GRADE muestra como el 90% de la expansión urbana es informal y con esta medida se ratifica y promueve la ocupación ilegal. Las mafias de terrenos, muchas veces con alcaldes como cabecillas, habrán aplaudido a rabiar.

Sin embargo, la titulación (que, en una sociedad neoliberal, muchos creyeron una panacea) nunca fue solución, más que para obtener el pedazo de papel. Nunca se atendió la calidad de la vivienda ni, por supuesto, se buscó mejorar las deplorables condiciones urbanas y muchos menos prestar servicios públicos. Sí, esos que demoran décadas en llegar. Precisamente, los resultados de la ausencia de una política de vivienda y reales programas de vivienda social los podemos ver en la alta tasa de contagios y muertes por el COVID-19. Quédate en tu casa, decían… ¿en qué casa? ¿Acaso alguna vez las visitaron?

Pero eso ya no es problema del Estado, que se lava las manos y se sacude la culpa, sino de la gente. Total, son los propios ciudadanos quienes deben resolver sus problemas: construir su techo, jalar su luz, comprar su agua, hacer faenas para construir sus pistas y sus espacios públicos (y enfrentarse al dolor de perder un hijo en un pozo que –dicen– ninguna autoridad conocía).

El eslogan del Gobierno en la lucha contra la pandemia nos lo repite: “Primero MI Salud”… sí, la mía… pero no la tuya y menos la colectiva.

Esta movida presidencial es igual a la ley aprobada por el Congreso para legalizar los colectivos informales. El Estado en pleno es anticiudad y luego se queja de los problemas estructurales, de la informalidad galopante que no paga impuestos y limita la posibilidad del desarrollo. ¿No se dan cuenta de que son como un animal que se persigue la cola y nunca la alcanza?

El derecho a la ciudad es una demanda que colectivamente tenemos que exigir –aunque el Tribunal Constitucional niegue su existencia–.

Para esto necesitamos políticas urbanas que reconozcan que la ciudad es un sistema integral con servicios públicos que se complementan. Que se reconozca la necesidad de fórmulas de gestión del suelo urbano que permitan recuperar y redistribuir el valor.

De esa manera, los ciudadanos podremos invertir en el bienestar colectivo y no solo aplicar el nuevo eslogan extraoficial del gobierno: “Preocúpate por ti, bebé”.