Foto: Andina
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Siempre habrá debate cuando hablemos de derechos sociales, políticos o civiles. Sobre todo si discutimos sobre su posible restricción por alguna causa específica. Desde un marco teórico, en realidad no habría mucho que decir, ya que todos estos derechos están bien regulados por normas nacionales y supranacionales. Sin embargo, el actual debate tiene un enfoque más coloquial y, por ende, complejo.

En la mesa tenemos el debate sobre la propuesta de ley que prohíbe que los condenados por delitos graves, como terrorismo, rebelión, sedición, asesinato y otros, puedan postular a un cargo de elección popular a partir de los comicios de 2026. Por un lado, existen principios de derecho penal que postulan que, una vez que el sentenciado cumple su pena, ha pagado su deuda con la sociedad y, por lo tanto, debe poder reinsertarse en ella, con el goce pleno de sus derechos. Por otro lado, existe una visión menos legalista que argumenta que quienes causaron un daño considerable a la sociedad no deberían formar parte de ese selecto grupo de personas que rigen los destinos del país.

El Perú sufre desde sus entrañas una permeabilidad enorme en la política hacia economías ilegales, mafias y organizaciones criminales. Personalmente, creo que la etapa funesta que vive el país en términos de gestión pública debe encaminarse a un escenario que, al menos temporalmente, busque candidaturas de personas que tengan hojas de vida impregnadas de legalidad. No podemos correr el riesgo de permitir que exconvictos asuman roles de liderazgo, especialmente cuando el fin supremo de la pena, que es la reinserción basada en el abandono de la criminalidad, es un tema que no va más allá de los libros de derecho penal y es tremendamente ajeno a nuestra realidad penitenciaria, donde la reincidencia en el delito es altísima.

Es debatible, pero hoy el Perú necesita un cambio de rumbo urgente, y ello pasa por abrir la cancha política solo a aquellos que han transitado por la senda de la legalidad y no al revés.

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