Al presidente del Congreso, Luis Galarreta, no le hicieron ninguna gracia los cuestionamientos por la adquisición de televisores y frigobares para el Parlamento por un monto que supera los 254 mil soles, y no encontró mejor réplica que una frase con tufillo de amenaza a los medios de comunicación.
“Vamos a aprobar una ley para que saquen la publicidad de algunos medios mermeleros, (…) de todas maneras”, afirmó el legislador fujimorista, en alusión al controvertido proyecto que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados, el mismo que aprobó el Congreso –saltándose a la garrocha una serie de filtros– en marzo último, que observó luego el Ejecutivo por inconstitucional y que ahora evalúa la Comisión de Transportes recibiendo el aporte, ahora sí, de los sectores interesados.
La aseveración de Galarreta ha dejado, en blanco y negro, el verdadero propósito de la llamada ley Mulder: presionar a los medios de comunicación para contrarrestar su postura crítica al poder de turno. Ese poder que, en el caso específico del Congreso, ejerce coyunturalmente el fujimorismo con un total desaire (¿o será más bien desprecio?) al derecho a la libertad de expresión e información que consagra la Constitución.
No es la primera vez que el titular del Legislativo tiene estos arranques. El año pasado, ante un impasse con una revista local, no tuvo mejor salida que instar a las empresas a ejercer un boicot publicitario contra el medio. Lo dicho, entonces, no parece ser un impromptu, sino una apreciación interesada en desacreditar a quienes le resultan incómodos.
El Consejo de la Prensa Peruana ha rechazado frontalmente las expresiones de Luis Galarreta, advirtiendo en ellas una “agresión directa” contra el periodismo. Mientras, los parlamentarios de distintas tiendas tratan de ponerle paños fríos a una situación que, creemos, deberían confrontar con más firmeza en lugar de pasarla por agua tibia o apelar a subterfugios. Porque en juego está el derecho supremo de los ciudadanos a una información veraz y no alineada al gusto de las autoridades que, harían bien en recordar, están obligadas a responder al control ciudadano con transparencia y no con altisonancia; porque aquí, el que se pica… pierde.