En el cierre de la legislatura, el último fin de semana, fue vergonzoso y de la peor estofa el espectáculo puesto en escena por algunas bancadas de derecha y de izquierda. Específicamente la fujimorista, Fuerza Popular, y todas las de la izquierda criolla que se aliaron, una vez más, en contra de los intereses del Perú.
Ambos contingentes parlamentarios lograron torpedear el dictamen que ponía candados legales para evitar la postulación de personajes que habiendo cumplido carcelería por graves delitos contra la sociedad –asesinato, secuestro, terrorismo, corrupción, entre otros– ahora pretenden ser candidatos a la Presidencia, como si nada hubiera ocurrido.
La indignación del país por la puerta que se les abre a diestra y siniestra a los sentenciados, como producto de los cálculos y negociados políticos de los partidos con representación en el Parlamento, ha sido hasta recogido incluso en las encuestas: el 94% de peruanos rechazaba tan nefasta posibilidad. Y gremios empresariales, como la Confiep, también han levantado la voz.
“Ningún criminal convicto debe ser capaz de regir la suerte de los peruanos así haya cumplido su sentencia”, ha dicho el presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante Canny, agregando que “no se trata de personalizar los alcances de la norma identificando como posibles beneficiarios a Antauro Humala o Alberto Fujimori. Lo concreto es que el Perú se merece algo mucho mejor”.
Una alusión tan directa del líder empresarial es explicable, pues resulta obvio que en el hemiciclo se negoció teniendo a estos dos nombres propios como bandera.
El etnocacerista no se ha arrepentido de ninguno de los violentos crímenes que cometió en su asalto putchista conocido como “Andahuaylazo”: secuestro, asesinato, sedición, daños agravados y robo de armas. Actualmente se encuentra en plena campaña presidencial por distintas regiones del país, profiriendo sus proclamas extremistas en las que anuncia expropiaciones, encarcelamientos, disoluciones, fusilamientos seriales y delirios semejantes en contra de la democracia peruana.
Fujimori, por su parte, fue indultado por razones humanitarias, pero luego se le ha visto paseando muy sonriente por centros comerciales limeños. Ciudadano japonés de nacimiento (fue incluso senador en dicho país, tras fugar del Perú), acaba de ser públicamente incorporado a Fuerza Popular, cuando pesan sobre su trayectoria una serie de condenas y procesos judiciales, algunos todavía pendientes, por crímenes como usurpación de funciones, peculado, falsedad ideológica, corrupción, espionaje y autoría mediata de secuestro y homicidio calificado.
Gracias a las mezquinas ambiciones políticas de los congresistas, el Perú va camino al precipicio. Una vez más.