La situación de la minería ilegal está llegando a extremos de violencia, porque ya no es la mera informalidad, sino que se ha extrapolado a niveles delincuenciales, formándose mafias en torno a la actividad extractiva, que se ramifica en una serie de vicios como la extorsión, el sicariato, la explotación de menores, la trata de blancas y hasta los extremos de acciones de terrorismo como lo acontecido este fin de semana en , en la sierra de La Libertad.

Lo de Pataz es criminal, porque se ha atentado con dinamita, para asesinar de la manera más salvaje a 9 trabajadores de seguridad y además dejar 15 heridos de la mina Poderosa, con la sospecha evidente de grupos de mineros ilegales que, como un ajuste de cuentas, cometieron este crimen sin nombre, al hacerlos volar en pedazos, después de haberlos conminado en uno de los socavones de la mina.

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Es una tierra de nadie y eso lo sabemos los que conocemos este contexto de la minería a esta escala. Y periódicamente se repiten estas incursiones violentas, porque la actividad ilegal engendra estos actos criminales, al no haber presencia de la autoridad, sumado a la codicia; las consecuencias eran evidentes y se repite como una constante, si no describamos lo sucedido el año pasado en Chala, en La Pampa o en La Rinconada y vamos a seguir enumerando la infinidad de lugares donde se obtiene el oro con sangre.

Y por supuesto que es un negocio redondo, se estima que se mueve anualmente unos cuatro mil millones de dólares en la minería ilegal, básicamente oro que sin ningún problema se inserta en el “mercado legal” aurífero, porque se “blanquea” cuando los exportadores de oro acreditan su procedencia y lo envían como parte de su producción, inclusive a varias de estas empresas formales les sale más rentable comprar ese oro ilegal que invertir en la explotación.

El Estado ausente genera esta anarquía, Dina Boluarte debe reconocer que ha fracasado en garantizar la seguridad interna del país, además parece que no conoce nada del tema y habla de formalizar, como una estrategia para solucionar la problemática, cuando el asunto es mucho más complejo y requiere una nueva Ley de Minería, la integración del trabajo del MINEM y las Direcciones Regionales, aparte de poner fin al REINFO, que ha servido de herramienta para las mafias en la minería ilegal. Eso sin contar que el modelo de concesiones mineras ha fracasado y no ayuda a solucionar, más bien es parte del problema.


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