El paro que fue convocado por los transportistas sumó también a diversos sectores, como el de bodegueros, panaderos y de trabajadores de construcción civil, quienes también sufren extorsiones y violencia.
Exigen, por supuesto, la derogación de la —mal llamada— Ley 32108 contra el Crimen Organizado, que vulnera la seguridad del país y, lejos de promover medidas para atacar el problema, convalida y protege actividades delictivas. Esta protesta es justificada y legítima ante la creciente ola de robos, extorsiones y asesinatos que sufren los conductores de transporte público, los pequeños comerciantes y quienes son parte de los principales emporios más importantes, como Gamarra y Mesa Redonda.
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El paro ha tenido aceptación y convocatoria no solo en Lima, sino también en diversas zonas del país, llevando un claro y continuo mensaje de descontento e indignación nacional ante el avance de la delincuencia y la falta de respuestas consistentes por parte de las autoridades. El Congreso y el Gobierno de Boluarte poco hacen para atender a estas demandas.
Una reciente publicación en PuntoEdu (PUCP) muestra cómo nuestro país destina 3.5% del PBI para enfrentar la inseguridad, es decir, 35,000 millones de soles. Este informe también dio a conocer que la extorsión no está dirigida a los sectores de gran capacidad económica, sino a espacios que son aún más vulnerables, por la informalidad y la falta de acceso a mecanismos de defensa. De hecho, los pequeños empresarios son el principal foco de los extorsionadores. Más de 23,000 bodegueros extorsionados y casi 300 obras de construcción se encuentran paralizadas o afectadas. Esto equivale a unos 1,000 millones de soles en pérdidas durante el primer semestre de este año. Como ya comenté antes, los comedores populares y los mototaxistas también son víctimas del cobro de cupos. En lo que va de este año, han matado a 11 mototaxistas como resultado de las extorsiones.
Por otro lado, de acuerdo con el último reporte de victimización del INEI, en 2023 el 27% de la población mayor de 15 años ha sido víctima de algún hecho delictivo; sin embargo, solo el 15.6% denunció el hecho, dada la pérdida de confianza en las fuerzas del orden. Seguro que estas cifras se van a disparar en la próxima consulta popular.
Seguimos sobreviviendo frente al desinterés y la complicidad del Gobierno, y el miedo se acrecienta entre la ciudadanía. El paro representa, precisamente, ese grito de protesta y de auxilio que las autoridades quieren ignorar.
