[OPINIÓN] Yesenia Álvarez: “Pobreza de valores democráticos”

Regularmente participo en actividades en las que termino dialogando con diferentes líderes y organizaciones de la sociedad civil y aunque algunas veces no compartimos ideas o perspectivas del contexto político, sí compartimos el propósito de pensar y trabajar por un país más democrático, con oportunidades para todos y en el que la democracia tenga más apoyo público.

Una preocupación constante que surge y en la que coincidimos es lo que está en la raíz del caso de la legisladora María Cordero Jon Tay, quien fue suspendida el jueves del Congreso porque se habría apropiado de parte del sueldo de uno de sus trabajadores. Las preguntas que surgen para reflexionar desde la ciudadanía son: ¿Cómo permitimos que este tipo de personas lleguen a cargos en los cuales más bien se requiere las más altas cualidades humanas como integridad y servicio público? ¿Cómo sobreviven en el aparato público sin que en el camino hayan sido sancionados? ¿Por qué el aparato público tiene incentivos para una serie de perfiles tan pobres en valores democráticos?

La respuesta es amplia y la solución mucho tiene que ver con abordar una reforma política que contribuya a fortalecer las instituciones, a establecer límites al poder, a fiscalizar para que esto no quede impune, pero no debemos perder de vista que esto siempre será también un asunto de personas y de valores porque mientras el sistema siga alejando a personas íntegras no podrá haber un cambio en la forma de hacer política en el Perú. Mientras los incentivos estén solo para corruptos con capacidad, contactos y recursos para entrar a la política, esta no se renovará. Y mientras haya ciudadanos indiferentes que toleren esas conductas, cualquier idea de un Perú verdaderamente democrático cuyo desarrollo repercuta en sus grandes mayorías es hoy solo una promesa vacía.

En el mismo debate por la suspensión de la congresista Cordero puede apreciarse la lucha de valores por un mejor país. Lo que dijo el congresista Edwin Martínez Talavera para defenderla representa la insólita tolerancia a esas conductas deshonestas y degradantes: “¿Cuánto mochasueldo ha habido en el Congreso, a quién se ha sancionado? ¿Cuántas irregularidades hemos cometido nosotros como congresistas y a quién se ha sancionado?”. No queda duda de que una de las respuestas por las que funcionarias como Cordero llegan sin sanción hasta los más altos cargos es porque hay muchos funcionarios Martínez que encubren y minimizan el daño de estas conductas en el camino.

Volviendo al caso tenemos también que es muy pedagógico en valores cívicos porque sin la presión ciudadana en redes sociales y la reacción de otros congresistas, la suspensión de María Cordero no hubiera sido una victoria de la democracia porque en una primera votación se libró de la sanción, mostrándonos cómo es que las instituciones encubren a estos funcionarios públicos, y recién por el escándalo fue que reconsideraron y rectificaron. Esperanzador, pero todavía poco, la idea es que estas personas no lleguen a estos cargos, y si llegan deberíamos tener la institucionalidad y los valores para expulsarlos y sancionarlos. Cordero no debe ser la única, y es algo que padece todo el Estado. Así como aparecen las preguntas sobre Cordero surge ¡cuántos más como Otárola habrán traficado en el Estado!, en los que se traficaría puestos de trabajo a cambio de afecto y relaciones románticas. ¡¿Cuántos más así hay en el Perú llegando a altos cargos de poder en el que deciden el futuro de un país y de millones de ciudadanos con esa pobreza de valores y miseria de convicciones democráticas? Cualquiera que aspire a postular en las elecciones de 2026 debería estar pensando que la lucha será también contra la pobreza de valores democráticos.