[OPINIÓN] Yesenia Álvarez: “El mal uso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”

Quienes creemos en la democracia y en el Estado de derecho debemos defender que cualquier ciudadano, sea de la tendencia política que sea, pueda recurrir al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Cuando alguien pide justicia hay que escuchar, sea quien sea.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado que la Corte Interamericana (Corte IDH) disponga de medidas provisionales para proteger eficazmente los derechos a la vida e integridad personal del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, y su familia, quien ya venía siendo beneficiario de medidas cautelares desde julio de 2021 por el polarizado y ajustado proceso de elección de ese año. En la Resolución 56/2021 de la CIDH sobre la medida cautelar Nro. 607-21 a favor de Salas Arenas, el Estado peruano informó sobre las investigaciones iniciadas y las medidas de protección a su favor y por ejemplo indicó que se instaló servicio de seguridad y protección que consistía en un oficial superior como jefe de escoltas al mando de 17 suboficiales en la modalidad de 24x24 con la asignación de una camioneta policial, una motocicleta policial y 10 armas de fuego. Más servicio de patrullaje a pie y/o motorizado en su domicilio y despacho.

No hay duda, el Estado debe tomar en cuenta lo que señala la CIDH y debe reportar cuál es el esquema actual de protección policial y el estado de las investigaciones. Esto no nos impide criticar que es evidente y lamentable el uso politizado del sistema interamericano por funcionarios del Estado de alto nivel que tienen acceso a un robusto esquema de seguridad y protección personal por parte del mismo Estado; y todavía para un caso que no lo necesita que parece más una estrategia mediática para implantar la idea de que a partir de grupos marginales hay una amenaza real al sistema electoral que pondría en riesgo la democracia.

No estamos diciendo aquí que lo que hacen estos grupos radicales deba ser tolerado, al contrario, ello es deplorable en una democracia. No podemos permitir que nadie amenace de muerte a funcionarios públicos, ni a ningún ciudadano. Las autoridades deberían detener a los responsables, con más celeridad si están identificados e investigar esta amenaza. Pero de allí a decir que peligra el sistema electoral, o que cualquier cuestionamiento al presidente del JNE es parte de una campaña contra la independencia de este órgano, o señalar que esa amenaza obedece a fuerzas políticas con poder dentro del actual sistema de fuerzas políticas hay mucha distancia.

Los cuestionamientos al presidente del JNE no son infundados porque recordemos por ejemplo que el 20 de diciembre de 2022, en medio de las protestas posteriores al golpe de Castillo, Salas Arenas se pronunció a favor del adelanto de elecciones en representación del Pleno del JNE y del sistema electoral y eso es una discusión política en la que puede haber fuerzas políticas a favor o en contra. Salas Arenas no puede, ni debió hacer eso, él debió ser neutral. Los ciudadanos sí podemos enfrascarnos en una discusión si corresponde o no ese adelanto, mas no el presidente del JNE. Y cuestionar la confianza y falta de imparcialidad en un funcionario público es parte de ser ciudadanos porque Salas Arenas sí está sujeto al escrutinio público como todos los funcionarios.

La CIDH debería ser más cautelosa, investigar con más fuentes y ser menos sesgada. La última vez que un alto funcionario del Estado peruano quiso aprovecharse del sistema interamericano lo hizo para cubrirse de las denuncias y cuestionamientos por corrupción, y además terminó dando un golpe de Estado. Ser respetuosos con un sistema internacional de protección de derechos no significa que no podamos criticar que la recurrencia al sistema puede estar siendo innecesaria y exagerada.

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