El juramento hipocrático es uno de los pasos que se debe tomar para convertirse en médico. Entre sus promesas está, primero, no hacer daño. Esta promesa, que puede sonar obvia, es necesaria; y bien aplica para todas las profesiones, especialmente para la carrera pública. Así como los médicos, los funcionarios públicos necesitan de una verdadera vocación para cumplir esa promesa.
Así como un médico tiene la capacidad de hacer tanto daño como bien, las normas tienen el mismo potencial. A veces pueden hacer daño porque se sobreponen intereses privados a intereses públicos; otras lo hacen a pesar de que nacen con buenas intenciones. Por esta razón el análisis costo-beneficio es tan importante para saber si una norma hace bien o hace daño.
Este análisis no siempre puede ser cuantitativo, pero el hecho de que sea cualitativo no es razón para que no esté bien hecho. Hay algunas preguntas que pueden facilitar el análisis costo-beneficio para los funcionarios que crean normas, tanto desde el Legislativo como el Ejecutivo.
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La primera es si la norma logra el objetivo planteado –son muchas las que no lo hacen–. Otra pregunta a hacerse es si la norma alienta la formalidad (o la informalidad). Si alienta la segunda, está haciendo más daño que bien. Ejemplo de esas normas son los topes de precios y las reglas muy estrictas que pocos ciudadanos o empresas pueden cumplir.
Una tercera pregunta es si la norma trata la raíz del problema o el síntoma del problema. Si trata el síntoma y no la raíz, es probable que no haga bien y que haga daño. Menores de edad que vayan a la cárcel es un ejemplo de esto.
Si bien un análisis costo-beneficio va más allá, estas tres simples preguntas deben ser un paso necesario para un análisis regulatorio. Es importante que las conozcan los funcionarios públicos, pero también el resto de los ciudadanos, ya que todos somos impactados por las normas. Es una herramienta para rendir y pedir cuentas.