"Frente a ello, ahora nos queda a la ciudadanía tomar las calles y defender la democracia y la institucionalidad del país, frente a los delincuentes de la política". (Foto: JNJ)
"Frente a ello, ahora nos queda a la ciudadanía tomar las calles y defender la democracia y la institucionalidad del país, frente a los delincuentes de la política". (Foto: JNJ)

Esta semana se ha hecho pública la lista de los congresistas que están siendo investigados por la Fiscalía, comprometidos en el escándalo de corrupción de la exfiscal Patricia Benavides y las develaciones de las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva, que, durante la gestión de la exfiscal de la Nación, se encargaba del trabajo sucio para traficar votos y evitar investigaciones fiscales de los delitos que tenían estos mal llamados padres de la patria.

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Por eso es importante evidenciar a los congresistas involucrados en estos ilícitos penales, como tráfico de influencias, cohecho y hasta organización criminal, ahora que pretenden tumbarse la Junta Nacional de Justicia, puesto que están a solo una votación en el Pleno y se consuma este atropello y abuso de poder de los congresistas, que sin ningún desparpajo pretenden consumar una venganza con los magistrados de la JNJ.

En realidad, es una especie de zarpazo de las mafias que han copado el poder y ahora están representados en el Congreso por los partidos políticos y sus bancadas que ya son consideradas por la propia Fiscalía como presuntas organizaciones criminales y tienen abiertos procesos penales que probablemente van a llevar a sus líderes a la cárcel.

Por eso es un despropósito total que congresistas involucrados en delitos ahora pretendan destituir a los magistrados de la JNJ. Es como si los delincuentes ranqueados que tenemos en las cárceles estuvieran cobrando cuentas a los jueces y fiscales que los enviaron a prisión; si este aspecto no lo entendemos, estamos condenados a que las mafias tomen control del país, en un contexto en el que estamos viviendo serios problemas con la criminalidad organizada, porque se van a sentir empoderados y van a ver que pueden ajustar cuentas con los operadores de justicia.

Ya es insulso invocar que el gobierno de Dina Boluarte asuma su responsabilidad de garantizar el Estado de derecho y generar un contrapeso de poder, para evitar estos abusos del Congreso; eso es pedir peras al olmo, porque es evidente que todos estos actos de ignominia del Congreso lo hacen en connivencia con el Ejecutivo, porque el pacto está sellado para quedarse hasta 2026, como lo manifestó el sátrapa Fujimori.

Ya fue la JNJ, por la imposición de los votos del Congreso y no por la razón o el fundamento jurídico. Frente a ello, ahora nos queda a la ciudadanía tomar las calles y defender la democracia y la institucionalidad del país, frente a los delincuentes de la política.

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