"Es decir, en el Perú, el sector informal (en especial las empresas de hasta 20 trabajadores) constituyen la principal fuente generadora de empleo, pero, lamentablemente, empleo informal sin beneficios ni protección". (Foto: GEC)
"Es decir, en el Perú, el sector informal (en especial las empresas de hasta 20 trabajadores) constituyen la principal fuente generadora de empleo, pero, lamentablemente, empleo informal sin beneficios ni protección". (Foto: GEC)

Los altos niveles de informalidad laboral y económica constituyen una de las características más particulares y resaltantes de nuestro país. Más de 13 millones de los trabajadores en el Perú son informales. La tasa de informalidad laboral asciende al 77%. La gran mayoría de los trabajadores informales (93% del total de trabajadores informales) laboran en empresas de menor tamaño, es decir, las que emplean 20 personas o menos.

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Por otro lado, el 96.4% de todas las empresas en el Perú son micro o pequeñas (mypes); de ellas, más del 86% opera en la informalidad. Es decir, en el Perú, el sector informal (en especial las empresas de hasta 20 trabajadores) constituyen la principal fuente generadora de empleo, pero, lamentablemente, empleo informal sin beneficios ni protección.

La informalidad económica no solo repercute en menores niveles de recaudación tributaria, sino que imprime un castigo a las personas, naturales y jurídicas, formales, exigiéndoles -vía mayores impuestos- compensar lo que se deja de recaudar del sector informal.

Asimismo, la enorme informalidad económica altera la estructura tributaria, al tener que depender relativamente más de los impuestos indirectos (I.G.V. y Selectivo al Consumo), que afectan proporcionalmente más a las personas con una propensión marginal al consumo mayor, es decir, los más pobres, y depende, en términos relativos, menos de los impuestos directos (Renta, Predial, etc.).

De igual forma, la informalidad económica se traduce en menores niveles de productividad, menores salarios, menor capacidad de crecimiento, limitado acceso al crédito y deja en absoluto estado de desprotección, en cuanto a seguridad social se refiere, a los trabajadores.

Sin embargo, y a pesar de todos los problemas y limitaciones, la informalidad es la respuesta económica a un sistema legal formal, cuyas normas, regulaciones y costos son prohibitivos para la vasta mayoría de empresas en el Perú y que, por lo tanto, encuentran en la informalidad y marginalidad la única alternativa posible de operar, subsistir, generar valor y dar empleo.

La hiperregulación laboral, un sistema tributario y contable hostil y la enorme (y cada vez mayor maraña de instituciones reguladoras e inspecciones reiterativas e interminables) hacen que solo las empresas medianas o grandes puedan operar en la formalidad, forzando a las sombras de la informalidad a casi la totalidad de las micro y pequeñas empresas, irónicamente las que más empleo dan en el Perú.

Una legislación laboral inclusiva, que proteja y ampare a la vasta mayoría de trabajadores (hoy desprotegidos) y que no se centre únicamente en aumentar los beneficios de la minoría empleada formalmente, así como un marco regulatorio, normativo, tributario y contable racional y razonable, es indispensable si queremos incorporar a la formalidad al 77% de los trabajadores del Perú -hoy desprotegidos- y a la gran mayoría de empresas -hoy condenadas a la informalidad-.

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