En Perú, más del 70% de la fuerza laboral opera en la informalidad, con tasas especialmente altas en Huancavelica (91%), Puno (89%) y Cajamarca (88%). Esta situación no solo afecta a los trabajadores, sino que también impacta negativamente a las empresas y a la economía en general, exacerbada por la burocracia y los altos costos de formalización.
Cuando un trabajador se formaliza, los costos laborales para la empresa aumentan significativamente. Estos incluyen 12 sueldos anuales, más dos adicionales de gratificaciones y un sueldo de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), además de un 9% en impuestos a la seguridad social (Essalud). En total, el costo anual para el empleador asciende a 134% del sueldo base.
Por otro lado, el trabajador formal enfrenta deducciones que incluyen un 13% para el fondo de pensiones (AFP) y, potencialmente, un impuesto a la renta de hasta el 30%. Después de estas deducciones, el trabajador recibe mensualmente entre el 42% y 45% de lo que le cuesta al empleador.
Frente a estos elevados costos, muchas empresas optan por mantener a los trabajadores en la informalidad, donde no se aplican estas cargas fiscales ni se ofrecen beneficios laborales, perpetuando la precariedad y la desigualdad.
Para combatir esta problemática y mejorar el nivel de vida, es crucial implementar políticas que reduzcan los costos laborales y faciliten la formalización. Estas medidas deberían no solo aligerar las cargas fiscales, sino también promover un mercado laboral más justo y sostenible, permitiendo que tanto trabajadores como empleadores se beneficien de un entorno económico más equitativo y regulado.
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