[OPINIÓN] Rafael Belaunde Llosa: “El dinero es de quien lo trabajó”

En el primer caso, se trata de un aporte obligatorio de la remuneración, ya sea el 13% a la ONP (quebrado sistema de reparto estatal, cuyas pensiones se co-financian con el presupuesto público) o el 11.97% a alguna de las cuatro AFP.

En el segundo caso, el aporte obligatorio del 9% a Essalud es un costo asumido por el empleador. Aquí se trata del aporte a un monopolio, donde el trabajador no tiene la posibilidad de elegir un prestador de servicios de salud diferente al operador estatal.

En ambas situaciones (pensiones y la seguridad social), padecemos los efectos de sistemas con poca (o nula) competencia, altas barreras a la entrada y mercados cautivos. Ello se traduce en servicios de baja calidad y costos elevados.

Entonces, si partimos del principio de que todo ciudadano libre tiene el derecho a quedarse con el fruto de su trabajo y que, luego de tributar, puede asignar sus recursos en lo que le dé la gana, el concepto de aportaciones obligatorias carece de justificación moral.

El sistema de reparto de la ONP es insostenible y subsiste porque buena parte de los recursos debe salir del presupuesto nacional. Es, en esencia, un sistema piramidal, donde pocos trabajadores deben cubrir las pensiones de un grupo mayor —y cada vez más longevo— de jubilados.

Ante esto, las AFP se muestran como un sistema mucho más eficiente y racional. Cada uno cotiza a un fondo individual y, tras 20 años de aportes, cosecha lo que sembró. Sin embargo, con salarios bajos, con un universo de aportantes pequeño y con una edad de jubilación fija para financiar pensiones de una población cada vez más longeva, los números tampoco dan. Por eso, la gran mayoría de pensiones son irrisorias.

Si no se quiere ir a un sistema de aporte voluntario, que obligue a una verdadera competencia entre las AFP, al menos que se abra el mercado a otro tipo de competidores, como fondos de pensiones y aseguradoras.

Al final, si como sociedad queremos asegurar una pensión básica, todo apunta a que un aporte al grupo de peruanos de menores ingresos, asumido por el Estado, vía una fracción del IGV, parece inevitable.

En el caso de los aportes a la seguridad social, el trabajador debería poder decidir si quiere que el aporte vaya a Essalud o a algún operador privado, o atenderse alternativamente en cualquiera de los dos.

De esa manera, Essalud, lejos de maltratar al asegurado, se esmeraría en dar un servicio de calidad y a tiempo. Los operadores privados, por otra parte, tendrían incentivos para diseñar servicios de salud que satisfagan los requerimientos de millones de personas que hoy no tienen la oportunidad de elegir. ¡No olvidemos nunca que el dinero es de quien lo trabajó!