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Playas cerradas

Alcaldes piden al gobierno que cierre las playas en el verano por la pandemia. Una medida facilista con argumentos que no convencen. Es cierto que, hasta no tener certezas con una vacunación masiva, no se puede hablar de control de la pandemia. No es menos cierto que una segunda ola de contagios pueda ser inminente ante la cercanía del cambio de estación, la reactivación de actividades económicas y la consiguiente relajación ciudadana en sus niveles de protección.

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Alcaldes piden al gobierno que cierre las playas en el verano por la pandemia. Una medida facilista con argumentos que no convencen. Es cierto que, hasta no tener certezas con una vacunación masiva, no se puede hablar de control de la pandemia. No es menos cierto que una segunda ola de contagios pueda ser inminente ante la cercanía del cambio de estación, la reactivación de actividades económicas y la consiguiente relajación ciudadana en sus niveles de protección. Pero estar cerrando, restringiendo, obligando, violentando derechos elementales en las decisiones personales diarias sobre sus libertades, apelando al decreto vertical y no a continuar con un proceso de convencimiento de las responsabilidades, se parece más al predicamento de un Estado policiaco y muy poco democrático.
En varios momentos de la historia del país, los autócratas y dictadores han tenido iniciales simpatías de la población, por su “firmeza” en busca de “ley y orden”. Pero en nombre de esa necesidad de mano dura se han cometido excesos y hasta atrocidades.
La costa peruana es extensa y sus playas el lógico lugar de esparcimiento ciudadano. Por supuesto que en medio de una pandemia, debe restringirse el aforo, pero no creemos que un cierre sea la solución para evitar contagios.
Hay que darles alternativas de distracción a aquellos que están con mascarillas, que mantienen distancia y que están dispuestos a pasar un día tranquilo de sano contacto con la naturaleza. Fácil no es. Sabemos que los peruanos no nos identificamos con la organización exigente, pero las autoridades están obligadas a encontrar una fórmula intermedia, que no impida a las familias pasar unas horas frente al mar. Además, una medida de esa naturaleza agudizará más las desigualdades. Muchos viven. ¿Ellos sí tendrán derecho? ¿Y el resto, qué? A llorar a la playa. ¡No pues! Las medidas tienen que ser eficientes pero para todos. No para quienes no tienen casas en la playa.
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