[OPINIÓN] Nelson Shack: “Acción o inhabilitación: Cuando los funcionarios no responden a la emergencia”

El impacto de ver por la televisión o a través de redes sociales el daño que vienen ocasionando las lluvias nunca podrá compararse con la desolación que siente una persona al buscar a un familiar que ha sido arrastrado por el huaico o porque su casa se encuentra inundada.

A la fecha, las lluvias e inundaciones han causado la muerte de 84 personas y otras nueve se encuentran desaparecidas; vienen afectando a más de 280 mil peruanos, causando daños en más de 52 mil viviendas, 1,463 aulas públicas, 189 centros de salud, 123 kilómetros de caminos rurales, 140 kilómetros de carreteras y más de 47 mil hectáreas de cultivo perdido o afectado.

A ello debemos sumar que, para los próximos meses, tendremos un fenómeno de El Niño de grandes dimensiones, en el contexto de un fenómeno de El Niño global, que afectará sustancialmente grandes áreas del planeta.

Los efectos devastadores de estos primeros meses del año han servido, una vez más, para evidenciar la incapacidad, la inoperancia y la desidia de los gestores públicos y la indolencia de las autoridades estatales en los tres niveles de gobierno de dar una solución integral a la construcción y reconstrucción en el país, tras el fenómeno de El Niño Costero de 2017.

Es decir, a pesar de contar con los recursos, el presupuesto y el acompañamiento del control a las obras, las autoridades y los funcionarios no hicieron caso a cerca de 13 mil alertas y riesgos evidenciados por la Contraloría sobre deficiencias en los expedientes técnicos, adquisiciones sobrevaloradas, infraestructuras dañadas o contratos irregulares, y dejaron de hacer obras o de hacerlas bien.

Hoy es urgente concluir las medidas de prevención, y prepararnos ante los próximos fenómenos climatológicos. Para ello, la administración pública tiene que trabajar de manera articulada, en los tres niveles de gobierno, y disponer acciones inmediatas para restablecer los servicios públicos básicos, como agua, construir sistemas de alcantarillados, reconstruir escuelas y centros de salud para garantizar el retorno progresivo a la normalidad de miles de familias afectadas.

Los gestores en los gobiernos regionales y municipalidades deben responder con la proactividad que amerita la emergencia, para lo cual cuentan con un presupuesto de más de 2,600 millones de soles en 2023.

El funcionario o autoridad del gobierno nacional, regional o local que incumpla sus funciones en situaciones de emergencia, dejando de resolver los problemas de la ciudad o de atender a la población, no solo merece el desprecio de sus ciudadanos, sino que también deberá ser sancionado ejemplarmente, ya que la Ley 31288, que tipifica las conductas infractoras y la potestad sancionadora de la Contraloría General, establece la inhabilitación hasta por cinco años para ejercer la función pública en el Estado.

Lamentablemente, durante nuestras visitas y supervisiones en las regiones de Lambayeque, La Libertad, Tumbes, Piura y Áncash en marzo y abril último, evidenciamos esta negligencia; es más, de acuerdo a los reportes, en los últimos cinco años, los fondos destinados a reducir la vulnerabilidad y a atender las emergencias por desastres en todo el país no han sido usados diligentemente por el gobierno nacional, que ejecutó solo el 75%; los gobiernos regionales, el 62%, y las municipalidades, solo el 69%.

Y si observamos el primer trimestre de 2023, el gasto a nivel del gobierno nacional es del 12.8%, mientras que los gobiernos regionales y municipales han ejecutado 11.6% y 5.9%, respectivamente. Reitero: la inacción y falta de respuesta de los funcionarios y servidores públicos ante una emergencia deben ser sancionados ejemplarmente.

Por todo ello, hemos presentado al Congreso de la República una iniciativa orientada a garantizar una mejor gestión pública durante los estados de emergencia tratando de flexibilizar toda norma legal vinculada a los sistemas administrativos y funcionales que muchas veces paraliza el accionar de los gestores públicos, limitando que la ayuda llegue lo más pronto posible a la población damnificada.

La actuación célere y transparente es una obligación inexcusable de quienes tienen la responsabilidad de administrar los fondos públicos, más aún en situaciones de emergencia, porque el fin esencial es atender las necesidades de la población y prevenir mayores efectos negativos de los fenómenos naturales, para reducir la vulnerabilidad de las personas y salvaguardar sus vidas.