En medio de conflictos bélicos internacionales, los mercados financieros vienen experimentando cambios. En estas situaciones, los activos refugio emergen como protagonistas. De hecho, históricamente, el oro es uno de los refugios preferidos durante las crisis geopolíticas debido a que la economía mundial se ve afectada por estas tensiones. Ya sea por el incremento en los precios del petróleo, movimientos bruscos de las tasas de interés y otras desviaciones no previstas.
Su valor intrínseco y su papel como reserva de valor lo convierten en una opción atractiva para los inversionistas en busca de respaldo ante la volatilidad generada por el conflicto. Según un reciente informe de Reuters, los precios del oro han experimentado un aumento del 3% hasta el 13 de octubre de 2023, cerrando su mejor semana en siete meses. Este repunte se atribuye, en gran medida, a las tensiones en Medio Oriente.
Frente a esta coyuntura de crisis, lamentable desde el punto de vista humano, social y económico, el Perú, como productor aurífero (quinto a nivel mundial), se constituye como un aliado para las economías más sensibles a esta problemática. A su vez, tiene la capacidad de mitigar efectos en su propia economía, considerando además la actual etapa de recesión. Y es que el incremento de los precios del oro trae mayores ingresos para el Estado.
Esta circunstancia nos llama a reflexionar sobre la importancia de fortalecer la producción formal de oro nacional y tomar medidas urgentes contra la extracción ilegal.
Las cifras son bastante desalentadoras frente a este problema. Nuestro país se ha convertido en uno de los mayores exportadores de oro proveniente de la ilegalidad en el mundo, representando el 22% del total de la producción nacional según cifras del Ministerio de Energía y Minas. En línea con ello, dicha producción ilegal no paga impuestos, no impulsa la economía y genera puestos de trabajo informal. Además, se genera un doble castigo para el Estado porque las empresas exportadoras de oro ilegal se benefician con la devolución del IGV.
Pero no todo es perjuicio económico, esta situación genera caos y delincuencia en regiones como La Libertad y Madre de Dios. Son finalmente las mafias las que están actualmente valiéndose del alto valor que viene alcanzando el oro a nivel mundial y no el país como debería ser.
La generación de expectativas económicas a raíz de la demanda internacional de oro debería motivar a un trabajo articulado entre el Estado, la industria minera y las comunidades locales. La extracción responsable y formal, que respete el ambiente y los derechos de las comunidades, es esencial para asegurar que el beneficio económico y social sea sostenible a largo plazo.
