[OPINIÓN] Joaquín Rey: “Saludables coincidencias”

El debate sobre la reforma previsional viene sonando cada vez más fuerte. Esta semana, la Comisión de Economía del Congreso dio a conocer su propuesta de dictamen al respecto, cuyo debate se dará la segunda semana de junio. Por otro lado, el Ejecutivo debe presentar la próxima semana el informe final de la comisión multisectorial creada para este fin. Desde la sociedad civil también han surgido diversas propuestas. La Asociación de AFP presentó la suya en febrero, y más recientemente lo han hecho Apoyo Consultoría y Credicorp, además de diversos autores en publicaciones o columnas a título personal.

La sola existencia del debate es muy positiva, pues algo está claro: la reforma previsional es necesaria y urgente, pues hoy tres de cada cuatro trabajadores no contribuyen a un sistema previsional y, por tanto, corren el riesgo de enfrentar una situación de vulnerabilidad en la vejez.

Algo a destacar es que, a diferencia de lo que suele ocurrir en los grandes debates de política pública, salvo alguna propuesta, en este caso hay importantes coincidencias entre los diversos planteamientos sobre la mesa. Esta es una excelente noticia que da señales de por dónde debería ir la ansiada reforma.

La primera coincidencia es la necesidad de establecer una pensión mínima para todos los participantes que acumulen un determinado número de años de aportes. Esto es fundamental para dar predictibilidad respecto de cuánto se recibirá al retiro. Aunque el número de años requeridos es discutible, lo ideal es que sea un requisito escalonado. Es decir, que, por ejemplo, exista un monto mínimo para quienes acumulen 10 años, y que este vaya subiendo conforme el número de años se eleva. Así se incentiva el ahorro previsional por más años.

En los casos en los que los aportes del trabajador no sean suficientes para cubrir esta pensión mínima, el Estado deberá cubrir la diferencia, tal como ya lo hace en el caso de la ONP. Un esfuerzo fiscal que debería ser financiado con impuestos generales, y no tomando fondos previsionales de otros trabajadores para no desincentivar el ahorro individual de estos.

El segundo elemento de coincidencia es la necesidad de introducir alicientes para motivar más aportes, especialmente para los informales y trabajadores de menores ingresos. Para ello, entre las propuestas se encuentran mecanismos como la contribución equiparada, es decir, un aporte público proporcional al aporte individual privado. Así, por cada sol ahorrado por el trabajador, el Estado puede aportar 50 céntimos o incluso un sol. Otra alternativa es la devolución de parte del IGV pagado por cada trabajador para que esta sea acumulada en su cuenta individual. Las propuestas oscilan entre el 1% y 3%. En cualquier caso, el porcentaje debe definirse cuidando la sostenibilidad fiscal e introduciendo candados para que esta no sea una política regresiva (es decir, que beneficie desproporcionalmente a los que más tienen, que son los que usualmente pagan más IGV).

Un tercer punto de convergencia es la necesidad de introducir mayor competencia. Esta siempre debe ser bienvenida, pues suele traducirse en beneficios para los afiliados. No obstante, es fundamental que los actores que ingresen a competir se sometan a ciertas reglas que las AFP siguen hoy. Así, por ejemplo, el patrimonio de las AFP es totalmente separado del de sus afiliados, lo que salvaguarda los ahorros individuales ante el improbable escenario de una quiebra, algo que no sucede en otras instituciones como bancos, cajas o financieras. Así mismo, se debe asegurar la intangibilidad de los fondos hasta el retiro, para garantizar la finalidad previsional de los mismos.

Finalmente, se observa que la gran mayoría de propuestas busca fortalecer el sistema de capitalización individual (el que caracteriza a las AFP), lejos de promover un mayor protagonismo de los esquemas de reparto (el que caracteriza a la ONP). Esto en consonancia con la tendencia global, pues la capitalización individual ha probado ser la mejor opción para asegurar la sostenibilidad de los sistemas previsionales.

La única propuesta que desentona con estas coincidencias fue la presentada por la Comisión de Trabajo, que en la práctica planteaba una estatización total del sistema, al estilo que lo que hoy sucede en Bolivia. Propuesta que afortunadamente fue rechazada en la propia comisión, pues de seguro acabaría muy mal.

Esperamos que la reforma pueda ver la luz muy pronto, y que el debate se dé construyendo sobre las coincidencias, de manera técnica y siempre poniendo al trabajador al centro.