[OPINIÓN] Joaquín Rey: “La segunda contrarreforma”

Recientemente la educación superior recibió un durísimo golpe con la consumación de la contrarreforma universitaria. Desde que en julio del año pasado el Congreso modificara la estructura de la Sunedu, permitiendo que las propias universidades integren su consejo directivo, las bases de la reforma se han ido desmoronando. ¿Qué más se podía esperar si se ponía a los regulados a la cabeza de su regulador?

Hoy la Sunedu cuenta con un superintendente que, según sus propias palabras, quiere ser “el padre de familia, amoroso, complaciente” de las universidades. Así las cosas, es harto probable que, en el corto plazo, vuelvan a operar algunas de las casi 50 “universidades” cuya licencia fuera denegada por estafar a sus alumnos.

Mientras esto sucede, el Congreso ha encontrado ahora su próxima víctima: la educación escolar. El pasado jueves, en la última sesión de esta legislatura, el Pleno aprobó una ley que afecta gravemente los principios de meritocracia que desde hace una década se impulsan en el sector. Con votos en bloque de Perú Libre, Perú Bicentenario, el Bloque Magisterial y Podemos Perú se aprobó el nombramiento automático para los docentes que lleven tres años contratados en escuelas públicas. Una iniciativa, cabe señalar, que fue promesa de campaña y prioridad declarada del hoy detenido Pedro Castillo y del Fenate, su organización sindical.

¿Qué significa la aprobación de esta ley? Que para ser un docente nombrado ya no será necesario pasar por el sistema de evaluaciones que anualmente enfrentan unos 200,000 maestros. Así, se tira por la borda el esquema de desarrollo profesional sobre la base de la meritocracia que se instauró con la reforma magisterial de 2013. Además, se da una pésima señal a los miles de maestros que en los años previos se esforzaron para conseguir un nombramiento sobre la base de la preparación y el trabajo.

Los principales perdedores, por supuesto, serán los seis millones de niños y jóvenes que asisten diariamente a escuelas públicas, quienes estarán condenados a una calidad educativa todavía más pobre. Como si no fuera suficiente estar ya a la cola regional en comprensión lectora y matemática.

¿Cómo es que el Congreso puede llegar a aprobar una iniciativa que van tan claramente en contra del interés público? El origen del proyecto da algunas claves. En contra de lo que uno esperaría, este proyecto no salió ni pasó por la Comisión de Educación. De hecho, su presidenta Gladys Echaíz está abiertamente en contra del mismo. El dictamen provino, más bien, de la Comisión de Trabajo. Lo que ello revela es que, para nuestro Parlamento, más que servir al propósito de la educación pública, la carrera magisterial sirve al propósito de dar trabajo. Un absurdo que pone el interés de los maestros muy por encima del de nuestros menores.

También es revelador que los principales impulsores de esta norma fueran los congresistas José Luna y Sigrid Bazán. Es decir, el clientelismo y la demagogia juntos. Peligrosa combinación que, por supuesto, no distingue colores políticos. De Luna no debe sorprender un ápice si se toma en cuenta que fue él uno de los principales propulsores del desmantelamiento de la Sunedu —que había quitado la licencia a su universidad fachada Telesup—. Pero de Bazán se esperaría, por lo menos, una mínima preocupación por la calidad de la educación pública. ¿No es esa una de las principales luchas históricas de la izquierda?

Esta iniciativa también debe ser entendida en el contexto de las negociaciones que se vienen dando por la elección de la Mesa Directiva que se producirá en un mes. Para nadie es secreto que en el Congreso se usan ciertos proyectos de ley como moneda de cambio en estos procesos. Pero hacerlo a costa de un servicio público tan fundamental para nuestro futuro como país es francamente aberrante.

Es también triste ver que iniciativas como esta pueden ser aprobadas sin que medie ninguna movilización o mayor cobertura en los medios, como si ya estuviéramos resignados a que la educación sea la última rueda del coche.

No lo aceptemos. Alcemos nuestra voz. Nuestros niños y jóvenes merecen más.