[Opinión] Joaquín Rey: “Capital perdido”

Una de las consecuencias más perjudiciales de la administración de Pedro Castillo –y de la que no se habla lo suficiente– es la dramática pérdida de capital humano que viene experimentando el Estado peruano desde hace año y medio. El tejido institucional que tardó años en consolidarse rápidamente se desmorona por designaciones aberrantes y la salida de profesionales competentes y honestos que no están dispuestos a ponerse a la orden de improvisados y prontuariados.

Esta situación afecta incluso a entidades que hasta hace no mucho eran –en mayor o menor medida– islas de tecnocracia en el Estado, como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, o la alta dirección del Ministerio de Educación.

Las consecuencias de esta realidad no son abstractas o teóricas, sino más bien muy concretas. Hoy vemos diversas muestras del deterioro en la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos. La escasez de pasaportes, los frustrados intentos de compra de urea, o el salvataje de S/4,000 millones a Petroperú que pagamos todos los peruanos son solo algunas muestras de ello.

No se puede esperar otra cosa cuando el cuoteo partidario, familiar o amical, es el único criterio que impera en las designaciones de alto nivel. Esto es lo que ha llevado a que personajes como Hernán Condori –el doctor “agüita arracimada”– alcancen un ministerio. O que María Tarazona –cercana al entorno de Castillo– sea designada como viceministra del Midis y, luego de ser retirada por no cumplir los requisitos, sea designada como directora ejecutiva de Pronabec. O que, más recientemente, Virgilio Acuña, operador político de Antauro Humala, sea designado como viceministro de Transportes, sector en el que no se le conoce experiencia alguna.

A estas designaciones se ha sumado la hostilidad de la administración Castillo para con la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir, la institución que precisamente vela por la profesionalización del servicio público. Así, en setiembre, el Ejecutivo creó un grupo para intervenir esta institución, incluso cambiando su consejo directivo. Antes, en marzo, Betssy Chávez –por entonces ministra de Trabajo– pidió la adscripción de Servir a la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, algo que, a juicio de las voces autorizadas en la materia, debilitaría su capacidad y limitaría su impacto.

Ahora que la propia Betssy Chávez ha asumido la Presidencia del Consejo de Ministros, el futuro luce aún menos auspicioso para la meritocracia y el servicio civil. Además de los embates contra Servir durante su gestión en el Ministerio de Trabajo, hoy pesa sobre ella una investigación por tráfico de influencias por presuntamente haber favorecido en contrataciones públicas a familiares de Abel Sotelo, cuya cercanía con la hoy premier ha sido confirmada por un video difundido el viernes.

Como país deberíamos aspirar a tener un Estado en el que los profesionales más competentes anhelen trabajar. Un Estado que ofrezca una carrera pública meritocrática, remuneraciones a la altura y una buena reputación. Hoy más que nunca nos alejamos de ese objetivo. Recuperar el terreno perdido tomará mucho tiempo y, mientras tanto, los ciudadanos seguirán sufriendo las consecuencias de un aparato público inoperante.