Antauro Humala, condenado por secuestro, rebelión, apropiación ilícita y asesinato de cuatro policías, continúa en campaña electoral anunciando que va a fusilar a varios expresidentes ni bien llegue al poder: “Yo sostengo que la república neoliberal está en agonía y su último síntoma son los seis presidelincuentes que vamos a fusilar”.
En una anterior oportunidad había hecho ya un anuncio similar, mencionando incluso el nombre de su hermano junto con el de otros expresidentes de la República a los que –advirtió muy suelto de huesos– iba a mandar al paredón.
Todo indica que ha convertido esa amenaza en lema de campaña, con lo cual estaría arrastrando a la organización política que lleva su nombre en forma de acrónimo –el presidente del JNE fue el único incapaz de interpretarlo de esa manera– hacia la ilegalidad.
Precisamente para evaluar tan antidemocrático pronunciamiento, atentatorio contra los más elementales derechos humanos, la Corte Suprema decidirá este lunes 14 de octubre si declara o no la nulidad de la inscripción del mencionado partido.
Para el constitucionalista Víctor García Toma, el Poder Judicial debería declarar fundada la demanda de la Fiscalía de la Nación que presentó ante la Corte Suprema para que se declare la ilegalidad de su agrupación por “promover atentados contra la vida e integridad de las personas y la exclusión de las mismas”.
García Toma sostuvo en Perú21 que “nadie puede tomarse el atrevimiento de desparramar la idea de la ejecución de los expresidentes solo por el hecho de haber sido presidentes... Si hay quien se regocija haciendo campaña exaltando a la muerte, eso es inconcebible”.
El jurista Enrique Ghersi, por su parte, también se manifestó a favor del planteamiento del Ministerio Público: “Yo tengo la seguridad de que la Corte Suprema va a declarar fundada la demanda y el partido se declarará ilegal, cancelando su inscripción (en el JNE) y quedando inhabilitados sus dirigentes para poder participar en el proceso electoral”.
Como se sabe, entre otras sandeces, el exconvicto anunció también que anularía de inmediato todos los tratados internacionales de libre comercio que ha firmado el Perú en los últimos años, lo cual pondría al país de espaldas no solo a la modernidad sino al derecho internacional, generando un problema gravísimo para nuestra economía y para nuestra democracia.
Sin embargo, lo que resulta inaceptable es el discurso violentista con que arropa estas medidas inocultablemente extremistas. Toca entonces a los magistrados de la Corte Suprema actuar de acuerdo a ley. La democracia, una vez más, se encuentra bajo amenaza.
