(Foto: Serious Cat/Flickr)
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La evidencia muestra claramente que aquellos países con ingresos por habitante más altos son los que gozan de mejor educación, buenos sistemas de salud, esperanza de vida más larga, mayor seguridad ciudadana, alta protección de derechos fundamentales, entre otros aspectos positivos. Por el contrario, en los países que están en la parte inferior de la distribución de ingresos se observa desnutrición infantil, elevados niveles de criminalidad, opresión contra minorías, falta de oportunidades y una larga lista de problemas que perpetúan una situación de insatisfacción social. Como nos recordaba la semana pasada Tim Harford, columnista del Financial Times, el PBI per cápita no es un indicador de progreso social, pero está positiva y fuertemente correlacionado con esta variable.

Algunos países nos han mostrado que sí es posible romper con la pobreza y el mal desempeño económico, incluso partiendo desde muy abajo y con todo en contra. Un caso es Corea del Sur; se encontraba entre los países más pobres del mundo, con un ingreso por habitante similar al de Sierra Leona, pero por debajo de Zimbabue, Zambia, El Salvador y, muy lejos, de Perú. En las siguientes tres décadas, ocurrió el “milagro”: la capacidad adquisitiva de un ciudadano coreano se elevó por 10 en solo una generación y hoy es un país en el que sus pobladores gozan de un elevado estándar de vida. Singapur, Taiwán, Chile e Irlanda son otros ejemplos de notables mejoras económicas y de bienestar.

La Economía nos dice que se puede lograr altas tasas de crecimiento si se fomenta la inversión para acumular capital físico (máquinas, infraestructura, etc.), la educación de calidad y la productividad. Para esto, se requiere, además, un buen entorno institucional que garantice seguridad jurídica, protección de derechos y alinee los incentivos individuales con los sociales para asegurar que el progreso beneficie a todos.

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Lamentablemente, en Perú hoy vemos que muy poco de estos factores que nos deberían llevar hacia la prosperidad están presentes. ¿Se fomenta la inversión y la creación de empleo en un entorno de elevada incertidumbre política y retórica antiempresa? ¿Se impulsa el capital humano si se retrocede en reformas educativas por intereses particulares y el sector público pierde gente con experiencia que es reemplazada por advenedizos? ¿Se fomenta la productividad con normas laborales que excluyen de la formalidad a millones de personas, en una especie de “apartheid laboral”?

Se requiere un cambio de 180 grados para impulsar, sin demagogia, los factores que mejoren las condiciones de vida en el país. El crecimiento no lo es todo, pero millones de personas lo van a agradecer.

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Claudia Cooper