[Opinión] Gabriel Ortiz de Zeballos: El descaro es barato pero sale caro

Fecha Actualización

08/01/2022 - 07:00

La lista de visitantes de la casa del jirón Sarratea, que inicialmente se ofreció, ahora resulta legal y materialmente imposible de realizar. Abogados penalistas expertos como Carlos Caro dicen que lo legal es que haya lista. Y el sentido común más elemental señala que el papel y lápiz y un poquito de ganas y memoria bastarían. Si la amnesia cunde, hay harto video y personal que estuvo ahí, para tener por dónde empezar. El abogado del presidente Castillo, que ya ha defendido lo indefendible antes, señala que el presidente Castillo no la puede hacer porque no hace listas “ni es su función”. No es su función, pero todo funcionario está obligado a que haya lista, más aún el presidente. No puede decir que no sabía porque Contraloría se lo dijo muy claro en agosto, después de que no quiso despachar desde Palacio. La fiscal de la Nación ordena investigación y la posterga hasta que deje la presidencia. La expresidenta del Tribunal Constitucional señala que, para ser eficaz, la investigación no puede esperar. De hecho, ya se impidió visitas, que el mismo secretario que hoy señala la imposibilidad material y legal de hacer la lista atribuyó a órdenes del propio presidente. Y el anterior secretario entregó un celular nuevo y vacío a la Fiscalía en la investigación sobre presiones a la Sunat.

El ministro de Justicia, después de reunirse con el abogado encargado de la defensa personal del presidente, evalúa la permanencia del procurador que solicitó iniciar investigaciones, porque hace dos años, cuando fue nombrado, hubo cuestionamientos sobre si cumplía con tener experiencia en la defensa del Estado puesto que solo había trabajado en la Defensoría del Pueblo, pero no en procesos penales.

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¿Alguien puede creer que esto no le va a costar políticamente al presidente? ¿Es que no hacerlo le podría costar aún más? ¿Otro disparo más al pie de la metralleta que empuña desde que inició su gobierno? Del mea culpa ofrecido a líderes políticos, nada de nada (salvo que en vez de la expresión en latín se haya referido al verbo en español). Pero hay que señalar que la desfachatez no es exclusiva del gobierno. César Acuña pide una reparación civil de S/100 millones a Christopher Acosta por supuesta difamación del libro Plata como cancha, que dice no haber leído. Mete en la colada también a Jerónimo Pimentel y Penguin Random House y amenaza con embargos. Bien difícil interpretarlo como otra cosa que no sea amedrentamiento puro y duro. Además de plata, otra cosa como cancha.

Me falta espacio para cubrir otros grupos políticos. Descaro sobra en la política peruana, en casi todo el espectro. Cuando menos, genera dos problemas. El primero es que, en una población ya desconfiada, genera el ánimo de “que se vayan todos”, que los populismos de ambos extremos pueden aprovechar en su beneficio. El segundo es igual de grave: la indignación distrae atención de problemas de fondo, no tan acuciantes como la tercera ola, pero fundamentales. En estos días el gobierno ha ampliado, por ejemplo, los plazos para formalizar la minería ilegal, que es un flagelo. Casi no se le ha dado atención a un tema que implica contaminación, lavado de dinero, corrupción, trata de personas, etc. No juguemos con fuego.

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