Parlamento de Brasil (AFP)
Parlamento de Brasil (AFP)

El sábado pasado (11 de noviembre) comenzó a regir una nueva legislación laboral en Brasil.

Ese cambio es importante porque la “Consolidación de las leyes del trabajo” (CLT), de 1943, se inspiró en la “Carta del Lavoro” italiana, y tenía por objetivo el control político de los sindicatos. En la CLT, los dirigentes sindicales eran pagados por el Estado, convirtiéndose en cuasiempleados públicos, permitiendo a los gobernantes contar con una militancia sindical financiada por el Estado. Esa legislación dificultaba la negociación empresa-trabajador y contenía muchas normas que dificultaban la contratación y los ajustes.

La consecuencia económica ha sido un alto costo laboral para las empresas y salarios bajos para los trabajadores. Según un estudio de la Fundación Getúlio Vargas, un trabajador que cuesta R$2,830 a la empresa recibe R$1,000 como salario.

El resultado de esos costos y de las rigideces laborales ha sido una alta tasa de informalidad de la PEA. La informalidad en Brasil fluctúa alrededor del 50% (dependiendo de los métodos de cálculo), dividiendo a los trabajadores brasileños en dos categorías: los formales y los informales.

La nueva legislación flexibilizó un poco las normas de contratación y negociación, y eliminó el financiamiento a los sindicatos. Las centrales sindicales están en contra del cambio pues su financiamiento va a bajar en 30%. Las empresas están expectantes pues ahora tienen mejores condiciones para contratar y adecuar a su personal. Se espera que esta nueva legislación contribuya a la reducción del desempleo y de la informalidad, y al aumento de la independencia política de los sindicatos.