(USI)
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Soy crítico del pésimo gobierno y tropelías de la señora Heredia a través del electo ‘Capitán Carlos’; sin embargo, ello no quita el hecho de que la prisión preventiva dictada en contra de ambos fue un exceso jurídico por parte del juez Concepción Carhuancho.

Como bien ha señalado el actual presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, la prisión preventiva debe ser la excepción a la regla y no lo inverso.

Empero, en una coyuntura tan compleja como la que atravesamos, en la que todos son culpables mientras no se demuestre lo contrario; no resulta extraño que la ciudadanía celebre con euforia cuando los que pensamos que son corruptos son sancionados, así sea incumpliendo con los presupuestos que exige la ley.

Ahora bien, imaginemos que esta semana el Tribunal Constitucional (TC) termina declarando fundado el hábeas corpus de la ex pareja presidencial. ¿Acaso ello implicaría que se les está absolviendo de las gravísimas imputaciones que pesan en su contra?

¡De ninguna manera! La ciudadanía debe tener en claro que el proceso de hábeas corpus que resolverá el TC se refiere únicamente a la prisión preventiva y no al tema de fondo. Es decir, Heredia y Humala seguirían siendo investigados por todos los delitos que se les atribuyen, pero en libertad y quizá con ciertas reglas de conducta.

Cabe señalar que, si finalmente la ex pareja presidencial termina purgando una condena, será porque el Ministerio Público pudo probar (y no especular) que ambos cometieron los delitos que se les imputaron en la acusación fiscal (que hasta ahora no hay) y nada más.

Así suene políticamente incorrecto, dadas las circunstancias procesales, lo justo es que Nadine Heredia y Ollanta Humala afronten su proceso en libertad.

Ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial deben guiarse por la efervescencia mediática o el clamor popular. Eso no es justicia sino ajusticiamiento.