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Carlos Meléndez,Persiana AmericanaLos profesionales "independientes" suman aproximadamente tres millones en el Perú. De ellos, alrededor de 600 mil están obligados a aportar a su fondo provisional (menores de 40 años), precisamente porque el Estado ha sido incapaz de construir un sistema pensionario eficiente para un país de alta informalización de la fuerza laboral donde cada cual baila con su pañuelo. Esta imposición –paradójicamente en un ambiente individualista– ha generado bronca entre los afectados. A pesar de que hay iniciativas para movilizar esta protesta a las calles, no se logra constituir la presión social necesaria para ser, al menos, un interlocutor frente al gobierno. Hay masa, pero no hay multitud.

La clase política no tiene iniciativa de reacción frente al tema. Congresistas individuales avanzan y retroceden en sus opiniones; el gobierno duda; la oposición encuentra un pretexto para oponerse al gabinete Jara, pero al primer descuido abandona el tema. Es decir, ningún partido, vehículo electoral o político busca canalizar esta agenda a la arena de las decisiones y convertirse en representante de una demanda significativa. Esta masa no tiene ni siquiera lobbistas, menos representantes. Así como no existen representantes para los independientes, tampoco los hay para los informales, para los afectados por la inversión minera, para las minorías que buscan reivindicar sus derechos civiles, para los inmigrantes peruanos fuera, etc. Percatarse de esta necesidad no requiere márketing político –como sugieren los consultores estrella–, sino responsabilidad de la clase política. No es que nuestra sociedad sea "difícil de representar", como se justifica, sino que no se atreven a asumir una agenda que toca el día a día los bolsillos de millones de peruanos.