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Entre el legado presidencial de Martín Vizcarra quedará su nefasta negativa a atender las sugerencias de los empresarios y especialistas que desinteresadamente constituyeron el Comando Vacuna para ayudar al país a comprar a tiempo las dosis necesarias contra el COVID-19. El resultado de esa obcecación es que, contra lo que viene diciendo el Minsa, antes de los comicios solo se podrá vacunar a 750 mil personas.
La fecha de las elecciones presidenciales es clave, pues durante esas jornadas suele ser difícil evitar aglomeraciones o transitar por calles atestadas de votantes alrededor de los colegios designados.
La razones son complejas y dependen tanto de la cantidad de dosis que se recibirán cuando Pfizer –multinacional farmacéutica que además se ha comprometido a solventar la cadena de frío indispensable para llevar la vacuna a todos los rincones del país– entregue el primer lote de los 9.9 millones de dosis adquiridas por el Estado peruano, que solo permitirá vacunar a un sector mínimo de la población, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que solamente en Lima hay alrededor de 10 millones de personas, en Piura hay más de 2 millones y en La Libertad 1.9 millones aproximadamente.
Las que proporcionará el conglomerado Covax Facility, unos 5 millones de aplicaciones, llegarán todavía a fines del 2021. Y paremos de contar, pues al menos oficialmente se sabe que hasta ahora solo se han cerrado esos dos acuerdos.
A pesar de la colaboración ofrecida por el grupo de profesionales del Comando Vacuna –Arturo Pratto, Carlos Neuhaus, Raúl Delgado Sayán, Jaime Reuche y Luis Suárez, hoy viceministro de Salud– para que el país gestione estas compras tempranamente y no se quede rezagado cuando las dosis empezaran a distribuirse país a país, el gobierno de Vizcarra no acogió sus recomendaciones y hasta rechazó otras ofertas, como las de AstraZeneca, que ya tiene también su propia fórmula. Las consecuencias de tan injustificable arrogancia las pagaremos ahora todos los peruanos.
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