En el año 2002 planteamos la nueva política de vivienda basada en subsidios a la demanda, es decir a las familias, siguiendo un modelo que se desarrolló en España y luego en la región fue implementado en Chile.
Anteriormente las viviendas las construía el Estado con los recursos que pudiera agenciarse y este esfuerzo duraba lo que la caja fiscal permitía, por lo que no era sostenible. Los que no accedían a estos programas recurrían a la autoconstrucción.
Teníamos que convencer a los técnicos del MEF de que esta ayuda a las familias no era un gasto sino una inversión, ya que lo invertido se recuperaría a través de una mayor recaudación que la actividad constructora formal iba a generar. Fue una decisión política, más que un convencimiento de los técnicos, lo que echó a andar Mivivienda y luego Techo Propio.
Sin embargo, un estudio reciente llevado a cabo por Innova PUCP y auspiciado por la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Perú (ASEI), demuestra lo que decíamos años atrás: que estos subsidios no son un gasto sino una inversión.
Señala el estudio que, en el año 2019, los bonos de Mivivienda fueron de S/99 millones, pero sumándoles las cuotas iniciales y los créditos, se generó un movimiento en actividad de construcción formal de S/2,066 millones. Se calcula que los impuestos generados ascienden a S/274 millones, es decir, 2.77 veces más que los subsidios desembolsados. Esto sin contar con el efecto dinamizador que tiene la construcción en la economía. En el caso del programa Techo Propio ocurre algo parecido.
Los bonos para vivienda no solo satisfacen una necesidad social que trae bienestar, sino que generan más ingresos que gastos.