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Redacción PERÚ21

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Juan José Garrido,La opinión del directorLos intentos del oficialismo por petardear la investigación del caso López Meneses son cada vez más evidentes. Entre las diversas cortinas de humo planteadas (la Srta. Tilsa Lozano, el retorno a la bicameralidad –inmunidad vitalicia incluida–, entre otras), así como la beligerante y bochornosa actitud de sus principales figuras, son pruebas evidentes de ello.

La pregunta, claro está, es: si el gobierno y sus principales aliados mediáticos sostienen que todo esto no es más que un complot golpista del aprofujimontesinismo, ¿por qué tanto escándalo?

Dicen que quien no la debe, no la teme. Por supuesto, quienes más lo repiten suelen ser los que más temen. No obstante, dejemos las percepciones y veamos las acciones.

Don Freddy Otárola, presidente del Congreso, apuntaba a conciliar una posición sensata: que el oficialismo no tenga mayoría y no presida la comisión investigadora. No obstante, jugó con los oficialistas frente a cualquier fórmula riesgosa, respondiendo así más a una postura partidaria que independiente, como debería ser.

Si el gobierno y el oficialismo, apoyados por sus aliados y adulones mediáticos, desean empantanar cualquier tipo de fiscalización, es muy probable que al final se salgan con la suya. Sólo que ello ocurriría incurriendo en un altísimo costo en popularidad.

¿Tiene el gobierno un colchón suficiente como para asumir dicho costo? En principio no; salvo que el costo en que incurra sea finalmente inferior al de que se conozca la verdad.

Sostuvimos –al inicio del caso López Meneses– que el gobierno debía actuar con celeridad y responder sensatamente sobre lo ocurrido, sino las teorías conspirativas tomarían cada vez mayor tamaño. Pasados los días, ello es lo que finalmente ha ocurrido.

Entramos a la segunda mitad del gobierno nacionalista y la sensación de estancamiento es cada vez más notoria, tanto en las encuestas generales como en las empresariales. El gobierno pierde una gran oportunidad de ganar legitimidad con esta actitud.