Juan José Garrido: Un mito en las cuerdas

“No solo no es cierta la cifra ni la magnitud; tampoco es cierto que existió un incentivo o que se crearon cuotas cuantitativas, como tantas veces nos dijeron”.

Juan José Garrido

Fecha Actualización

23/08/2019 - 13:07

Interesante e informativo el libro publicado por María Cecilia Villegas (La verdad de una mentira: el caso de las trescientas mil esterilizaciones forzadas). El estudio desmitifica, de manera contundente, el mito de la cifra en cuestión. Cuidado: no niega los actos, como dicen algunos; lo que hace es, de manera precisa y basada en data y evidencia, poner en dimensión y contexto el "Programa de salud reproductiva y planificación familiar", implementado entre 1996 y 2001, sus horrores y el origen institucional de estos.

Los datos, basados en informes de la Defensoría, señalan que entre 1996 y 2001 se proporcionaron cerca de 6 millones de soluciones anticonceptivas en distintas formas (píldoras, inyectables, condones, ligadura de trompas y vasectomías, entre otras). De estas, la ligadura de trompas fue usada 272,028 veces (4.5% del total de soluciones). Y de este universo de atenciones quirúrgicas, entre 1996 y 2001 se recibieron 60 denuncias de acción sin consentimiento y 38 acciones que, aún con consentimiento, no fueron ratificadas (es decir, el 0.03% del total).

Pero ahí no queda la cosa. No solo no es cierta la cifra ni la magnitud; tampoco es cierto que existió un incentivo o que se crearon cuotas cuantitativas, como tantas veces nos dijeron.

Por supuesto, salieron a criticar el libro antes de ser presentado. Pasó lo mismo cuando el IPE publicó el estudio sobre el impacto en el PBI de los proyectos mineros parados por causas ajenas a las empresas. Insultaron y criticaron, pero hasta el día de hoy no han publicado ni una línea, ni una cifra alternativa.

El libro-estudio pone al mito bajo las cuerdas. Ahí están las fuentes, los datos y los testimonios. De nuevo, no niega que ocurrieron esterilizaciones sin consentimiento, solo deja en constancia que no fue una política de Estado y que se dieron fuera del marco regulatorio (y, por lo tanto, como bien dice Villegas, las víctimas deben ser reparadas y los médicos procesados).

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