El Congreso acaba de aprobar una norma que permite sancionar a los adolescentes de 16 y 17 años con penas similares a las de adultos, incluida la cadena perpetua. Es una medida que, a primera vista, parece endurecer la seguridad. Pero cuando se examina de cerca, representa un grave retroceso para el Perú.
Esta norma parte de la suposición de que el miedo al castigo detendrá la participación de los jóvenes en delitos graves. Sin embargo, la evidencia muestra que esta visión es demasiado simplista. La Asociación Americana de Psicología (APA) ha señalado que la disuasión basada en penas severas rara vez es efectiva en jóvenes, ya que los adolescentes tienden a ser impulsivos y menos receptivos al miedo al castigo en comparación con adultos. Este rasgo es particularmente evidente en contextos de alto riesgo social, donde factores como la pobreza y la falta de oportunidades influyen más en sus decisiones que el temor a una condena.
Primero, consideremos el desarrollo neurológico. Estudios de instituciones como la Universidad de Harvard y la APA muestran que los adolescentes están en una fase de desarrollo crítico, especialmente en el control de impulsos y la toma de decisiones. No es sensato castigar con la misma vara a quienes, neurológicamente, están en pleno proceso de formación que a adultos que ya completaron su desarrollo cognitivo. ¿Significa esto que no deben ser responsables de sus actos? No. Pero implica que la rehabilitación y la orientación deberían estar en el centro de cualquier política para jóvenes infractores, no un castigo severo que elimina toda posibilidad de reintegración.
Segundo, las cárceles suelen ser escuelas del crimen. Jóvenes que ingresan con una primera ofensa o un delito inicial grave terminan expuestos a ambientes de violencia y crimen organizado, de los cuales muchas veces salen peor de lo que entraron, si salen.
Tercero, el costo social y económico de esta medida es significativo. Mantener a una persona encarcelada de por vida implica un gasto enorme para el Estado. Imaginen si ese dinero se destinara a programas de prevención y rehabilitación. En lugar de encerrar a un joven para siempre, podríamos estar invirtiendo en educación, salud mental y programas de empleo, construyendo un futuro donde los adolescentes tengan opciones diferentes a la criminalidad.
La seguridad no se consigue aumentando las penas sin más, sino atendiendo las causas de la delincuencia juvenil. Un sistema que apueste por la prevención y la rehabilitación, en lugar de perpetuar el castigo, es un sistema que construye sociedad y reduce el crimen de manera sostenible.
