Se siguen pasando los días desde las infelices declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, y hasta hoy no se conoce un pronunciamiento público de rectificación por el grotesco disparate que soltó respecto de las graves denuncias de las mujeres de la comunidad awajún sobre más de 500 casos de profesores denunciados por violar a estudiantes menores de edad.
El titular del sector, como se sabe y se ha venido difundiendo incluso internacionalmente, llegó a afirmar que las violaciones de niñas de esa región de la Amazonía peruana podrían quizás explicarse si se trataba de “prácticas ancestrales o culturales”.
Viniendo de la autoridad máxima de la educación en el país, constituye una vergüenza nacional que el Gobierno, en lugar de removerlo de inmediato o exigirle que se disculpe públicamente, deje hablar a otros ministros de Estado –incluyendo a un premier cada vez más oscuro– casi como minimizando u otorgándole el beneficio de la duda a las irrespetuosas, denigratorias palabras del ministro Quero.
Es cierto que el último lunes, dos miembros del mismo gabinete al que pertenece este, le sugirieron blandamente, aunque ante cámaras, que pidiera perdón por su exabrupto. Un día antes, el Colegio Médico había calificado de indignante la declaración, planteando asimismo que el funcionario debía retractarse con toda claridad.
Pero Quero se resiste a hacerlo y al parecer tampoco se lo pide su jefa, la presidenta Dina Boluarte, lo cual deja una sensación de normalización de este tipo de ideas preconcebidas sobre etnias que, en su territorio, según ese paradigma, viven en la barbarie. ¿Es lo que insinuó este personaje, que hoy se ocupa de dirigir métodos y contenidos de lo que se aprende en las escuelas del país? ¿Sabe algo acaso de las numerosas comunidades nativas que viven –muchas, en severas condiciones de abandono– en la Amazonía peruana?
Recordemos que el año pasado hubo también quienes en el Congreso de la República defendieron los abusos del matrimonio infantil, así como las relaciones sexuales entre adultos y menores en edad escolar (“profesores con alumnas, que después se gradúan y titulan”), escudándose falazmente en supuestas costumbres “autóctonas”. La ley fue derogada, pues solo había servido para encubrir violaciones en zonas donde la presencia del Estado es débil o inexistente, como el oriente peruano.
Ya lo explicó la exministra de la Mujer Rosario Sasieta: podría interpretarse incluso como un acto de discriminación flagrante. ¿Es esa clase de educación la que quiere usted para la niñez peruana, señora Boluarte?
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