Inmoralidad

El directorio transitorio de Petroperú tuvo esta semana un inusual arranque de sensatez y sinceridad, al manifestar con claridad que sería “un acto de inmoralidad solicitar mayor financiamiento del Estado”. Como la dirección de la empresa parece finalmente haber entendido, no tiene sentido brindar más salvatajes del bolsillo de todos los peruanos a una empresa que no toma medidas significativas para cambiar su situación. Hacerlo solo compraría tiempo para un siguiente pedido de recursos en unos meses.

Distinta sería la historia si se tratara de un problema transitorio de liquidez en una empresa solvente. El caso de Petroperú es muy distinto y algunas cifras así lo ilustran: sus deudas actuales son cuatro veces su patrimonio, este año tendrá pérdidas por US$716 millones y su Ebitda (ingresos antes de intereses e impuestos) será de solo US$135 millones, largamente insuficiente para cubrir sus pagos de deuda. Lo peor es que, lejos de tener una tendencia a la mejora, sus indicadores solo empeoran. Así, por ejemplo, sus ingresos previstos para este año son 30% menores a los de 2022, y su “market share” (participación en el mercado), caerá de 51% al 25%.

Dada esta situación, como el propio directorio ha manifestado, se requerirían hoy unos US$2,200 millones adicionales para que la empresa haga frente a sus obligaciones financieras. Esta nueva inyección su sumaría a varios salvatajes previos, siendo el más significativo el de 2022, cuando la petrolera recibió S/4,000 millones del Tesoro Público para mantenerse a flote. ¿Qué nos hace pensar que, si se da este nuevo salvataje, no venga otro pedido similar en el futuro cercano?

A los graves problemas financieros que enfrenta la empresa se suma la larga lista de acusaciones vinculadas a corrupción. Solo por mencionar un caso, cabe recordar que su reciente expresidente Hugo Chávez cumple hoy comparecencia con restricciones luego de haber estado detenido cerca de un año por el caso Heaven Petroleum.

¿Cómo acabar con este círculo vicioso que caracteriza a Petroperú? Los más radicales dirán que el camino es la privatización de la empresa. Pero, seamos honestos, se trata de una ruta políticamente inviable y una batalla que solo postergaría reformas más realizables y también significativas.

Un camino más factible es el que esta semana ha señalado el propio directorio de la petrolera: la necesidad de introducir una “gestión privada” en la empresa. Un anuncio digno de celebrarse.

¿Qué significa exactamente una gestión privada en el caso de Petroperú? Aunque habrá que esperar mayores definiciones del directorio, es posible anticipar algunos probables caminos a seguir.

El más evidente de ellos es la incorporación parcial de capital privado al accionariado de la empresa. Algo que se ha hecho, por ejemplo, en Colombia con la estatal Ecopetrol, donde existe un 12% de participación privada. Ello permite colocar en el directorio a representantes privados, sin sesgo político y con orientación técnica, y también a ejecutivos independientes en puestos clave de la gerencia.

Este camino, no obstante, es complejo, pues será previsiblemente difícil encontrar un socio que tenga el interés de involucrarse en una empresa con problemas tan hondos y con una contraparte (el Estado) tan problemática.

Una opción más viable es que ciertos activos de la empresa, como el oleoducto, los grifos, o la propia refinería de Talara, sean entregados en concesión a un gestor privado. Este se haría cargo de la gerencia y operación integral de estos activos por un periodo definido.

Otro camino también viable sería la introducción de gestión privada mediante un contrato de gerencia, en el que se establezcan ciertos parámetros para evitar la politización de la gestión. Ello permitiría cambiar manos en algunos puestos clave, y aislar a estos funcionarios del accionariado público para que tengan la libertad de tomar decisiones de gestión.

Lo que de ningún modo debe pasar es que se mantenga el actual modelo de gestión. Cambiarlo pasará por enfrentarse a beneficiarios del statu quo que hasta el momento han bloqueado cualquier intento de reforma. No será una batalla política fácil, pero, para usar palabras del propio directorio, no emprenderla sería aceptar la inmoralidad que supone evaporar recursos públicos al mismo tiempo que la pobreza en el país se incrementa.