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Informalidad territorial
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En el Perú, la informalidad no se limita a empresarios clandestinos que evaden impuestos e ignoran regulaciones, sino que está presente de manera multidimensional en la vida de todos. No es un problema generado por personas y empresas, sino por deficiencias atribuibles a la ausencia y/o exceso de presencia del Estado.
Así, cuando la legalidad es un privilegio al que solo se accede con poder económico o político, y cuando los costos de circunscribirse al marco legal superan los beneficios, las clases populares son siempre las más afectadas, viéndose obligadas a desarrollarse en la informalidad.
Por ejemplo, ayer los vecinos de Canto Rey (SJL) se enfrentaron con invasores para detener un intento de posesión de un campo deportivo. Hechos como este, que se dan por la falta de planificación urbana y traficantes de terrenos, explican por qué millones de peruanos viven en zonas informales sin condiciones de vida aceptables.
Aquellos barrios vulnerables, conocidos también como asentamientos humanos, caracterizados por haberse originado con invasiones fragmentadas cerca de ciudades más grandes, albergan en la actualidad al 52% de la población urbana y al 53% de los urbanos pobres (GRADE).
Esta situación se debe a décadas de dejadez de nuestras autoridades públicas. Es inconcebible que a mediados de 2018 solo 8 distritos de 1,860 cuenten con catastros completos y actualizados, que el 20% de distritos urbanos tenga instrumentos de planificación vigentes y que solo 38% del territorio urbano esté titulado.
Lo más preocupante es que a casi dos meses de las elecciones locales y regionales, ningún aspirante a la Alcaldía de Lima ha mostrado intención de abordar la falta de planificación territorial de la capital.
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