(Foto: Presidencia)
(Foto: Presidencia)

El ultimátum que dio Vizcarra a las clínicas llega tarde, pero es necesario. Es el último esfuerzo para empujar un acuerdo al que se debió arribar hace tres meses y que en buena parte no se alcanzó por dejadez del mismo gobierno. Ahora de nada sirve seguir quejándose de las ineficiencias explícitas de un Estado descuajeringado. El objetivo es salvar vidas sin dejar desfalcados al Estado y a las familias afectadas.

El ultimátum de Vizcarra no significa la captura física de las clínicas. No es que un ejército de médicos públicos las tomará por asalto (con las justas pueden con lo que tienen), sino que se trata básicamente de acordar una tarifa razonable para el intercambio prestacional durante la pandemia, con la que seguro las clínicas no perderán dinero. Así, el Estado asumirá las cuentas de quienes se atendieron en camas privadas porque los hospitales estaban saturados, como viene ocurriendo en el vecino Chile. Esto está regulado en el DS aprobado en marzo y la Ley General de Salud. La pelota ahora está en cancha de las clínicas, que hasta ayer ofrecían bajar sus tarifas a S/4,600 al día, a pesar de que la tarifa SIS para atender a sus asegurados es de máximo S/3,500. ¿Realmente no pueden ajustarse a ese monto temporalmente? ¿Con esa tarifa las clínicas perderían dinero? Esas facturas serán pagadas con recursos públicos.

Todo esto es consecuencia de haber tenido un Estado que ha acumulado una enorme cantidad de dinero, pero que ha sido incapaz de proveer un buen sistema de salud público.

De taquito: este gobierno no va a expropiar ni una sola cama, pero llama la atención la histeria que despertó el anuncio de ayer entre el liberalismo chicha. Reaccionaron como si el Estado no expropiase por necesidad pública todo el tiempo (carreteras, aeropuertos, metro). La sensación que queda es que no les molesta la idea de la expropiación, sino a quién se expropia.