Hablar por boca de la ley

Lo venían anunciando: o referéndum o independencia. El Tribunal Constitucional prohibió el referéndum. El ‘Govern’ catalán sostuvo –pervirtiendo un elemental sentido jurídico– que la voluntad popular les obligaba a hacer lo que la ley no permitía. Salieron a las calles; recurrieron a la violencia; arengaron a las masas; impidieron la actuación de la Policía y terminaron por declarar la independencia de Cataluña de España.

Esa locura obligó al gobierno de Rajoy, con el apoyo de Sánchez, a tomar el toro por los cuernos, y al Poder Judicial a cumplir su cometido: se suspendió la autonomía catalana y se abrieron diligencias penales contra los miembros del Gobierno y del Parlamento, ahora presos o fugados.

Un año después, ya hay escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Acusa a los presos de ser autores de un delito de rebelión. El delito de rebelión es delito contra la Constitución. Implica, entre otros supuestos, “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

Y así, la Fiscalía del Reino de España ha dado una lección de independencia frente a los intereses del Gobierno central. Pues el escrito de acusación del Ministerio Público ha caído en el peor momento posible para Pedro Sánchez.
En este escenario que, en un gesto vergonzoso, la Abogacía del Estado (una especie de estudio de abogados particular del Gobierno) se haya arrimado al actual criterio del presidente, deja en evidencia a este, pero no logra nada, salvo su desprestigio.

El Gobierno catalán no se conforma con esos paños menores. Sigue exigiendo lo imposible: reclaman del Gobierno una sentencia absolutoria. A ver quién les da una clase de teoría constitucional y de división de poderes. 
No es el Gobierno el que juzga ni la opinión pública. Son única y exclusivamente los jueces. Boca de la ley.