La exclusión de Julio Guzmán y César Acuña en 2016 sentó un precedente terrible, sobre todo porque evidenció un trato diferenciado con otros que habían cometido faltas similares, como el Apra, Fuerza Popular y PPK. Buena parte de la comunidad política guardó silencio cómplice ante el atropello, motivada por los intereses electorales del momento.
Pero estos no fueron casos aislados: en el Perú hay una obsesión con la exclusión. En el inframundo partidario existe la camada de los tachadores profesionales, encargados de revisar al detalle lo que su opositor presenta para ver por dónde se lo bajan. Son los comisarios del formalismo y, si no identifican nada, saben cómo encontrar la leguleyada que les permita sacar de carrera en mesa a quienes no pueden vencer en la cancha.
La tacha presentada contra el estrenado Partido Morado es un nuevo capítulo del uso de la burocracia para cerrar la cancha política. Diera la impresión de que los morados superarán fácilmente este cabe, pero es buena oportunidad para resaltar que deberían ser muy pocas las razones que justifiquen limitar el derecho a la participación y representación democrática.
Conspirar contra el Estado de derecho o tener determinadas sanciones penales son buenas razones para impedir una postulación, pero las formalidades procedimentales están muy lejos de serlo. No porque sean poco importantes, sino porque el derecho a participar en una elección es bastante más grande y sustancial.
El Perú tiene reglas de inscripción electoral injustificadamente exigentes, lo que dificulta la renovación. Lo difícil debería ser mantener la inscripción, no inscribirse. Mientras más fácil sea postular, más competencia habrá. Eso es precisamente lo que asusta a los que escriben y aprueban las reglas de juego.