La reciente aprobación, en primera votación, por parte del Congreso de la República, de una ley que eliminaría el cobro de comisiones por transferencias interbancarias, refleja un claro ejemplo de medidas que aparentemente benefician a los ciudadanos, pero que podrían terminar perjudicándolos. Y es que el Legislativo pretende volver gratuito para el cliente un servicio que para los bancos no es gratis otorgar.
La realización de transferencias interbancarias depende de una serie de procedimientos complejos y costosos, llevados a cabo por la Cámara de Compensación Electrónica (CCE), una empresa privada que actúa como un tercero que intermedia este servicio. La CCE actúa como “puente” entre las diferentes instituciones del sistema financiero (bancos, microfinancieras y cajas) y garantiza que las transacciones sean seguras, efectivas y rápidas. En concreto, es responsable de verificar la existencia de los fondos, de validar la identidad de las personas involucradas (para evitar errores al momento de transferir) y, al final del día, de realizar la compensación de los montos entre los involucrados. El cobro de comisiones sostiene todo ello, y permite una inversión constante en mejoras e innovación tecnológica, en beneficio de los consumidores. A manera de ejemplo, recordemos que en 2016 las transferencias interbancarias inmediatas solo se podían realizar de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.; y hoy se pueden efectuar de lunes a domingo, las 24 horas del día.
Nuestro Congreso parece ignorar los aspectos técnicos más elementales, priorizando el aparente alivio económico de los consumidores sobre la sostenibilidad y seguridad del sistema bancario. El riesgo es evidente: el debilitamiento del sistema y la posibilidad de que el servicio no se siga prestando como hoy lo conocemos, con el probable regreso a métodos más rudimentarios de desplazamiento de dinero, como los cheques, o, peor aún, la movilización de grandes sumas en efectivo de una entidad financiera a otra.
Más preocupante aún es el hecho de que múltiples expertos y autoridades, como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, han advertido que esta ley podría violar principios fundamentales de la Constitución que protegen la libertad de empresa y de contratación. Esto porque cada compañía tiene derecho a cobrar por los servicios que ofrece, y los clientes a elegir si los toman o no. Frente a dicho escenario, convendría pensar qué otro tipo de servicios el Parlamento podría considerar que deberían ser gratuitos en el futuro… ¿Querrán prohibir a Rappi cobrar a los consumidores por el servicio de traslado de comida de un restaurante a nuestras casas? ¿Obligarán a las tiendas por departamento a no cobrar un recargo cuando solicitamos que un producto nos llegue por delivery? En el fondo, se trata de lo mismo.
El Congreso tiene la obligación de velar por en el bienestar de los ciudadanos, lo cual debe incluir la evaluación del impacto total de sus decisiones, y no quedarse solo en la superficie. Es claro que, en un primer momento, sonará bien que se eliminen estas comisiones, pero la pregunta clave es: ¿cuál es el costo de esta medida? En este caso, podría ser la desaparición de un sistema que funciona bastante bien, lo cual generaría el posterior descontento de todos los usuarios del sistema.
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