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“Las familias no heterosexuales existimos y vamos a seguir existiendo. Convivimos, trabajamos, nos cuidamos, nos amamos, nos preocupamos, soñamos, al igual que cualquier familia heterosexual”.

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Óscar Ugarteche y su novio mexicano, Fidel Aroche, se casaron en 2010 en la capital de ese país. De los 10 años que llevan casados, han pasado los últimos ocho intentando registrar su matrimonio en el Perú. Lo que para otros sería un simple trámite, para ellos se ha convertido en una odisea. Su matrimonio se ha visto enfrentado a la indolencia del Reniec, el Poder Judicial, y ahora el Tribunal Constitucional. Instituciones que, olvidándose de los ciudadanos a los que deben servir, prefieren atarantar con formalismos, enredarse en incisos y cerrar los ojos todo el tiempo que sea necesario para evitar enfrentar la realidad.
Pero esa realidad, que no quieren ver, no desaparecerá. Porque las familias no heterosexuales existimos y vamos a seguir existiendo. Convivimos, trabajamos, nos cuidamos, nos amamos, nos preocupamos, soñamos, al igual que cualquier familia heterosexual. La decisión del Tribunal Constitucional de declarar improcedente el pedido de Óscar y Fidel no va a cambiar eso. Lo que sí hace es prolongar un estado de total desprotección. Hemos construido proyectos de vida en común pero no podemos compartir un seguro de salud o acceder a una pensión de viudez. No somos considerados familia cuando queremos visitar a nuestra pareja en el hospital. Nuestro patrimonio común no está protegido. Pese a la evidencia cotidiana, no nos resulta aplicable ninguna de las normas pensadas en la protección de las familias y sus integrantes.
Recordemos que, según un estudio presentado por Ipsos y el Ministerio de Justicia, las personas no heterosexuales representamos al menos el 8% de la población del Perú. Cerca de dos millones de personas que hoy no son ciudadanos plenos. Esa es la realidad que los magistrados Augusto Ferrero, José Luis Sardón, Manuel Miranda y Ernesto Blume han decidido ignorar. Ello pese a lo expresado por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia, y a la posición jurídicamente vinculante expresada por la Corte Interamericana de Derechos humanos.
Y no se trata solo de esos cuatro magistrados. No se puede aceptar que en el Congreso no se debatan y aprueben normas que garanticen el reconocimiento de nuestras familias. El proyecto de ley de matrimonio igualitario, que presentamos en 2017 junto a Marisa Glave, Indira Huilca y otros colegas, sigue esperando. Al igual que el de Unión Civil, presentado en 2016. Por eso, esta semana he solicitado formalmente a la Comisión de Justicia que se agenden y se debatan cuanto antes.
La falta de protección legal para las familias diversas ha dejado al Perú rezagado a nivel internacional, cada vez más encerrado en una burbuja anacrónica. Desde el archivamiento del primer proyecto de unión civil en 2015, al menos una docena de países han aprobado leyes de matrimonio igualitario, garantizándoles todos los derechos correspondientes. En el mundo, suman ya más de 30. En Sudamérica, solo quedan tres países sin ningún tipo de reconocimiento para parejas del mismo sexo: Perú, Venezuela y Paraguay.
Termino citando un fragmento de la sentencia redactada por el juez conservador Anthony Kennedy en la cual la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció el matrimonio igualitario a nivel nacional: “Ninguna unión es más profunda que el matrimonio, porque encarna los más altos ideales de amor, fidelidad, devoción, sacrificio y familia. Al formar una unión marital, dos personas se convierten en algo más grande de lo que alguna vez fueron. Como alguno de los peticionantes en este caso han demostrado, el matrimonio encarna un amor que puede mantenerse incluso después de la muerte. Sería equivocado señalar que estos hombres y mujeres están faltando al respeto a la idea de matrimonio. Su alegato es que sí lo respetan. Lo respetan tan profundamente que buscan conseguir la realización que genera para ellos mismos. Su esperanza es no ser condenados a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas de la sociedad. Ellos piden por igual dignidad ante los ojos de la ley. La Constitución les garantiza ese derecho”.
Pronto llegaremos a la misma conclusión en el Perú. Y seremos un mejor país.

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