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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Está bien que el gobierno haya dado una serie de normas sobre seguridad ciudadana. Legislar para endurecer las penas o para establecer medidas que obliguen a que todos participen del esfuerzo siempre es bueno, aunque no necesariamente más eficaz.

Seguramente habrá medidas más aceptadas que otras. No será fácil que la Policía renuncie a los ingresos adicionales –que no eran pocos en comparación con su sueldo– producto de brindar seguridad privada. La regulación de la videovigilancia seguramente generará críticas. Y la medida contra el robo de celulares o el mercado informal de autopartes podría generar aplausos.

Sin embargo, nosotros seguiremos en lo mismo. Todas estas medidas serán letra muerta si no son debidamente aplicadas o si una parte de la Policía y malos jueces y fiscales siguen siendo parte del problema, al hacerse de la vista gorda o al beneficiar a los delincuentes a cambio de dinero.

Porque, en el Perú, el problema no es la falta de normas. Es la complicidad de las autoridades, la corrupción que captura a malos jueces y fiscales, y la desvergüenza con que actúan quienes devuelven a las calles en tiempo récord a los que asaltan y hasta matan.

Si a estas medidas no le sigue una reestructuración total –en este o en el inicio del siguiente gobierno– en la Policía y en el Poder Judicial y la Fiscalía, en pocos meses estaremos dando nuevos decretos legislativos con penas más severas, y hasta sacando a los militares a la calle, con toque de queda y todo.

A los delincuentes no les asustan las penas, porque quien está dispuesto a matar está dispuesto a morir, y porque hecha la ley, hecha la trampa. Total, para ellos la plata no es problema. Y ya sabemos que con la plata baila el mono.

Lo que nos ayudaría a todos es que las leyes y las penas se cumplan. Y eso no depende de la letra grande ni de la chiquita, depende de los hombres y mujeres que deben hacerla cumplir.