(Foto: GEC)
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Hernán Díaz

Hay muchas cosas que llaman la atención sobre el comportamiento de diferentes agentes (ciudadanos, empresas, gremios, políticos, etc.) durante este particular gobierno de Boluarte. Pero, entre todas, lo que más destaca es el comportamiento de los ministros. En las últimas décadas, hemos visto que en aquellos casos en los que los ministerios eran ocupados por correligionarios del presidente, el cierre de filas era casi orgánico. Una defensa férrea y hasta obtusa en la mayoría de los casos. Recuerdo a Jorge del Castillo defendiendo a capa y espada a un íntegro y probo García, o a la señora Luisa María Cuculiza, para quien el ingeniero Fujimori era casi un enviado divino.

Sin embargo, los actuales ministros de la Presidencia no son ni podrían ser militantes de base de la organización que utilizó a la señora Boluarte, quien carece de partido político, de bancada, de experiencia y de tantas cosas más. Pese a eso, muchos de ellos actúan como tremendos escuderos que, entre tartamudeos y trompicones, tratan de defender lo indefendible. Puedo entender a Otárola con el tema de las marchas, porque claramente estaba involucrado y era su libertad y su futuro el que estaba en juego, pero en estos casos de los relojes, las joyas, las operaciones, los waykis, las transferencias y demás, la responsabilidad frente a la justicia que asumen los ministros por los hechos ilícitos en los que se ve envuelta la presidenta es altísima. Se ha mencionado en muchos medios, sus oídos han recibido información al respecto, y ahí siguen, bien aferrados al cargo.

No se trata del sueldo, del chofer ni de las gollerías. Lo que los mueve, lo que los empuja, es otra cosa: la impunidad. Este país, pese a los casos de algunos expresidentes, se muestra como el paraíso de la impunidad. Por eso, el afán de muchos en destruir o controlar las instituciones. Hoy la justicia peruana es todo menos justa. Lo saben los carteristas pero también los ministros y los congresistas.

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