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Guido Lombardi,Opina.21glombardi@peru21.com}

Salvo proferir gruesos y reiterados epítetos contra uno de los delincuentes fugados del Centro de Rehabilitación de Maranga, de llenar la Policía Nacional de generales y de 17 nuevas direcciones ejecutivas (pese a la anunciada "reingeniería" anunciada el 2011, cuando el entonces primer ministro Óscar Valdés dijo textualmente que "no podía ser que la Policía tenga tantos generales") y de exigir que se revise la legislación para poder trasladar a penales de máxima seguridad a menores que incurran en asesinatos, ni el presidente, ni su ministro del Interior, ni alguno de los miembros de Consejo Nacional de Seguridad parecen tener ideas claras al respecto.

Tampoco parecen dispuestos a escuchar a los especialistas (que los hay y de primer nivel) en el tema. Se han creído el cuento –que viene desde el gobierno anterior– de que el problema de la seguridad ciudadana se resuelve con más policías en las calles (no importa lo mal preparados que estén) y, sobre todo, con más patrulleros (que normalmente se compran con sobrecosto, sin los repuestos necesarios para su mantenimiento y que terminan custodiando y "abriendo calle" a los altos dignatarios del Estado).

Mientras tanto, en los últimos tres años hemos pasado de una tasa de 11 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2009 a una tasa de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes en el año que acaba de terminar. En este tema, mal que nos pese, el presidente Humala parece querer quitarle a Caracas el triste privilegio de ser la ciudad más violenta en el continente más violento del mundo. Y, tal como vamos –aunque la meta es ambiciosa–, lo va a lograr a corto plazo.