El viejo truco de la medida cautelar

Desde que la Sunedu comenzó a operar y se aprobó la Ley Universitaria, quienes reducen los servicios educativos a “un buen negocio” no han descansado en su campaña por deshacer todo lo avanzado. Señalan, entre otros embustes, que existe una vulneración a su autonomía. Como si el solo hecho de tener una universidad los hiciese merecedores de un trato especial, en el que no se les exija nada ni se les fiscalice. En el fondo, quieren sus propias reglas para asegurar los dividendos a fin de año, sin importar que la educación que brindan sea una estafa. Poco les importa que el objetivo que debería prevalecer sobre cualquier otro es perseguir la educación de calidad.

La última estrategia de la Universidad Telesup, propiedad del exlegislador y pieza clave en Solidaridad Nacional, José Luna, es parte de esa campaña contra la reforma universitaria. La historia, en breve, es como sigue: la Sunedu había negado el licenciamiento a Telesup porque la universidad no cumplía con ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad para operar. Ahora, cinco meses más tarde, la universidad ha obtenido, de un juez de Bagua, donde la universidad no tiene filiales y en tiempo récord, una medida cautelar que le permitirá seguir funcionando y hasta convocar a procesos de admisión con normalidad.

El argumento central del juez es que debe “prevalecer el derecho a la educación de todos los estudiantes”. La pregunta de cajón ante una medida como esta es la siguiente: si la reforma universitaria y las facultades que tiene la Sunedu fueron declaradas constitucionales por el TC, entonces, ¿cómo se explica que un juez favorezca a una universidad que no ha demostrado tener la calidad básica para brindar servicios educativos? Esto huele mal.